Por Jordi Oriola Folch
El 5 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso de los políticos independentistas catalanes exiliados en Bélgica (los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí) contra el suplicatorio del Parlamento Europeo para extraditarlos a España. Han perdido su inmunidad como eurodiputados.
Los independentistas catalanes esperaban ganar el recurso porque el Estado español está “persiguiendo políticamente” a los diputados catalanes. Por ejemplo, los políticos que impulsaron la reforma de algunas leyes españolas reconocieron públicamente que lo hicieron para poder extraditar a Puigdemont a España.
Después, también hay aspectos técnicos para invalidar el suplicatorio: Adrián Vázquez, del partido español anti-independentista Ciudadanos, se había colocado estratégicamente como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Y tampoco podía ser neutral el ponente del suplicatorio, el búlgaro de extrema derecha Angel Dzhambazki, afín al partido de extrema derecha español VOX (que formó parte de la acusación en el juicio en Madrid que fue el origen del conflicto). Ambos habían hecho proclamas públicas contra Puigdemont.
Pero esta derrota no es extraña, porque hasta ahora los independentistas han perdido todas las reclamaciones en el Tribunal General de la UE (TGUE, tribunal dedicado a las normas de las instituciones), pero han ganado todos los casos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, tribunal de rango superior, que está creando la jurisprudencia europea). Ahora los eurodiputados catalanes presentarán un recurso en el TJUE, donde presumiblemente ganarán.
Y es que el independentismo catalán necesita ganar en Europa porque, dentro de España, el Estado juega sucio. Por ejemplo, las directrices de los servicios secretos españoles tienen dos objetivos prioritarios: el terrorismo islamista y ¡el independentismo catalán! ¿Cómo pueden apuntar hacia un movimiento pacífico, democrático y no delictivo? También el 1 de julio descubrimos que España ha metido los independentismos catalán y vasco en una lista terrorista de la Europol como los “más activos y violentos” en el Estado español. El director de la policía europea, Jean-Philippe Lecouffe, ha confirmado en el Parlamento Europeo, que ellos dan credibilidad a lo que les dicen los estados. Les consta que el independentismo catalán ha realizado 54 acciones violentas: colocación de pancartas, manifestaciones ilegales, desórdenes públicos, cortes ferroviarios, daños a monumentos fascistas…
¿Eso es terrorismo o es libertad de expresión? El independentismo catalán no ha causado ninguna muerte, ni siquiera ningún herido, a menos que contemos los heridos independentistas provocados por la policía española.
Y hablando de terrorismo, no toleramos que el Parlamento español se negara a investigar el atentado islamista del 17 de agosto de 2017 en Barcelona, porque existen algunos puntos muy oscuros: había policías españoles detrás del grupo islamista que mató a 15 personas. La policía catalana actuó muy deprisa y detuvo a los pocos terroristas que quedaban vivos, por lo que el Estado español no pudo decretar el estado de excepción que hubiera impedido que Cataluña llevara a cabo el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
Abordar este proyecto político legítimo en un marco delictivo ha permitido justificar el espionaje ilegal de independentistas con el software israelí Pegasus, así como la infiltración de policías en movimientos independentistas pacíficos. El 14 de julio descubrimos el cuarto caso, la policía Maria I. T. que había sido pareja de Òscar C. un destacado activista de Girona con el que convivía desde hacía dos años y con el que participaba en reuniones de los abogados de los juicios a activistas independentistas.
Esperamos que el TJUE acorrale a España por tanta mala praxis policial y judicial. España es un estado que nos maltrata y que para nada tenemos ganas de formar parte de él. Próxima estación: ¡Independencia!