Incumplen Sentencia de la SCJN
Además, Miles de Cédulas Podrían ser Inválidas, ya que el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra, Usurpando Funciones, Firmó los Documentos
Por Rafael Hernández Guízar
El amparo fue promovido por el especialista en materia constitucional Otón Ricardo Hernández(centro)/Foto: Rafael Hernández Guízar
El gobierno del Estado de Jalisco y el Congreso Local podrían sufrir un nuevo revés ante la insistencia de certificar a los profesionistas, pese a la prohibición expresa que les sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hace unos meses el máximo tribunal de justicia en México dejó en claro que el Congreso del Estado de Jalisco no tiene la facultad para poder determinar ni certificar a un profesionista, puesto que eso es competencia exclusiva del gobierno federal, situación que surte los mismos efectos para la administración de Enrique Alfaro Ramírez, misma que a través de una ley a modo en materia de profesiones, pretendía certificar a los profesionistas, y así atribuirse quien podría y quien no ejercer, todo esto obviamente, a través del cobro de impuestos.
Fue un amparo realizado por el especialista en materia constitucional Otón Ricardo Hernández Guízar, como se dio ese revés a la administración de Enrique Alfaro, frustrando así una enorme recaudación, que fue calificada por muchos profesionistas como una ley mordaza, que quedó sin efectos ante la votación de todos los ministros de la SCJN.
Sin embargo, en el Congreso de Jalisco, los diputados nuevamente desobedecieron las órdenes de la Corte, por lo cual, podría venir un desacato que traería consecuencias para los legisladores que evadieron las órdenes expresas de los ministros de la SCJN.
“Ya se hizo del conocimiento de las autoridades, y a partir de marzo de este año, deberían de haber cumplido con la sentencia, esto es expedir una cédula definitiva a la quejosa, y además no aplicarle el proceso de certificación, y como a la fecha todavía no le han expedido su cédula, se presentó un recurso por incumplimiento de sentencia, posteriormente el 3 de junio, el Congreso publicó en el periódico del Estado la nueva ley de profesiones en donde se modifica todo lo que tenga que ver con certificación profesional para efectos de cédula profesional, se hace cédula definitiva, pero además siguen hablando de certificación profesional, y la sentencia de la Suprema Corte señala que el Congreso del Estado no tiene las facultades para hablar de certificación, porque el único que tiene esa competencia es el gobierno federal”, indicó el abogado especialista en materia de amparo Othón Ricardo Hernández Guízar.
En rueda de prensa a la que acudió ayer Página 24, el especialista, en compañía de los integrantes del Consejo de Colegios de la abogacía en el Estado de Jalisco, resaltó que ya se tomaron acciones para combatir el desacato: “El pasado viernes se presentó un recurso por el acto reclamado”.
Y siguió: “Lo que procedería, es que se traiga el asunto con el tribunal colegiado respectivo, se le pide a la autoridad que en este caso será el Congreso del Estado que rinda un informe, que sería básicamente la publicación que hizo en el periódico del Estado, y si ellos consideran que un cumplimiento se les obliga a aplicar esos correctivos, y lo que procedería es que, como técnicamente el Congreso tenía 90 días para derogar esa ley y hacer los cambios, lo que se haría es comenzar una denuncia por el desacato”.
Y es que en lugar de que se expidieran cédulas definitivas, en Jalisco se empezaron a otorgar cédulas temporales, las que estaban condicionadas a que los profesionistas como médicos y abogados, arquitectos e ingenieros, entre otros, estuviesen bajo el escrutinio del gobierno del Estado, algo que está más allá de su competencia.
Por ello es que todas las cédulas temporales que fueron expedidas por la Dirección de Profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco, deberían ser reemplazadas por cédulas definitivas.
José Luis Tello Ramírez, el titular del Consejo, destacó que la intención de ellos como profesionales del derecho, es salvaguardar el Estado de derecho, mismo que ha sido violentado por el Congreso de Jalisco, y por el mismo gobierno estatal.
“Lo que nosotros pretendemos es salvaguardar el Estado derecho, que como profesionistas a la autoridad administrativa sea un vigilante, pero no puede ser un rector, porque solamente tiene la facultad de la Dirección General de Profesiones a nivel federal, pero lo que vemos aquí es nuevamente un desacato, y es por ello que nosotros estamos llevando a cabo ese incidente de incumplimiento de sentencia, para efectos de que se elimine la palabra certificación, porque no tienen facultades, porque no están autorizados para llevar a cabo la certificación, y en todo caso las únicas que pueden son las universidades, pero no una dirección de profesiones que está abusando de las facultades que le otorga la ley”, dijo el titular de los Colegios de abogados.
Trascendió que además hay otra grave irregularidad, y es que las cédulas han estado siendo firmadas por el secretario General de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa, es decir, atribuciones que exceden sus facultades, otro motivo más para que miles de cédulas en Jalisco que se han expedido hasta el momento con estas características, sean ilegales.