Señalan Violaciones a Derechos Humanos de Imputado

El Caso es de Jaime García García, de 83 años de Edad, quien Permanece Recluido en Puente Grande desde Hace un año, Sin un Procedimiento Formal en su Contra, es Acusado de Presuntamente Matar a una Menor de 3 Años en el Municipio de Tizapán

Por Rafael Hernández Guízar

Violaciones a derechos humanos por parte del poder judicial se denunciaron el día de ayer.

Se trata del caso de Jai­me García García, ciudada­no México-americano de 83 años de edad, quien perma­nece recluido en el complejo carcelario de Puente Grande desde hace un año, sin un procedimiento formal en su contra y acusado, presunta­mente, de matar a una menor de tres años en el municipio de Tizapán.

Trascendió que, a pesar de tenerse programada en tiem­po y forma la audiencia inter­media a realizarse el pasado lunes 5 de junio, en el Juzga­do Tercero de Chapala, a peti­ción de un Juzgado de Distri­to en Materia Penal, el titular de dicha instancia judicial en el municipio de Chapala nun­ca giró los oficios correspon­dientes para el traslado del octogenario.

De este modo la defensa jurídica recurrió a un noveno juicio de amparo para lograr la revisión del caso.

Y es que apenas hace unos días, el presidente del Poder Judicial del Estado de Jalis­co, Daniel Espinosa Licón, reconoció una serie de irregu­laridades del caso: “Efectiva­mente es una persona adulta mayor y se ha cuestionado si la medida cautelar de prisión es la correcta o no”, dijo el funcionario en entrevista.

Por su edad, la condición física y médica agravada por las lesiones inferidas en los hechos registrados el 4 de junio del 2022, García García padece al menos una decena de complicaciones en su salud: entre otras ar­tritis, está sordo, casi ciego, además de ser hipertenso y diabético, requiere bastón y andadera.

Al respecto, Espinoza Li­cón precisó que de acuerdo al titular del Juzgado Tercero de Chapala, que ha tardado un año en agendar la audiencia intermedia, ha resuelto que no hay las condiciones de seguri­dad para los vecinos, pues en el lugar donde se suscitaron los hechos viven los familia­res de la menor fallecida.

Sin embargo, la defensa ha aclarado reiteradamente que, de concretarse la prisión domiciliaria, el señor García García viviría en una casa en el municipio de Guadalajara.

Trasciende pues que el caso ha sido alterado, mani­pulado y falseado por las au­toridades locales de Chapala, creando condiciones adversas para el detenido.