Ciudadanos se Quejan que son Tratados Como Delincuentes: PAN

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque la ciudadanía considera que quienes se hacen cargo de estas movilizaciones lo hacen de manera inapropiada, el pleno del Congreso de Jalisco llamó a las secretarías de Seguridad y Transporte a supervisar los operativos de vialidad a fin de garantizar que estos se realicen apegados a derechos humanos.

La propuesta es implementada por el diputado Jorge Antonio Chávez Ambriz (PAN), quien explicó que ciudadanos al interior del estado han expresado su inconformidad por estos operativos de vialidad, ya que sienten que los tratan como delincuentes.

“Se me ha dado a conocer que algunos gobiernos municipales del interior del estado han recibido quejas de sus ciudadanos, tanto de manera verbal como escrita, por los operativos que se han llevado a cabo, mencionando que las autoridades que en ellos participan se han conducido de manera inapropiada y que el sentir de la ciudadanía es el que se les da el trato de delincuentes solo por circular con sus vehículos”, refirió el legislador en su propuesta.

Recordó que la Ley de Movilidad de Jalisco tiene el objetivo de garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, procurando en todo momento la protección más amplia para las personas, por lo que se deben llevar a cabo acciones a fin de que esto se cumpla.

Mencionó además que esta misma legislación establece que las secretarías de Seguridad y Transporte tienen la atribución de vigilar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y sus normas, así como elaborar, fijar y conducir políticas en materia de movilidad, seguridad vial y transporte, de ahí la importancia del acuerdo legislativo ya aprobado.

“La Constitución dispone, entre otras cuestiones, que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De lo anterior se desprende que todos los derechos humanos deben ser protegidos y que la aplicación de cualquier precepto debe hacerse sin que su puesta en operación conduzca a la vulneración de otros derechos”, añadió.