“El Estado, Obligada a Garantizar Muerte Digna”
Por Elizabeth Ríos Chavarría
El diputado Enrique Velázquez de Hagamos, expresó: “El reconocimiento de la dignidad de las personas exige más que una simple declaración, implica la revisión exhaustiva del derecho vigente, su evaluación y actualización de forma tal que la dignidad se convierta en la columna vertebral de los derechos humanos /Foto: Francisco Tapia
Porque el derecho a una vida digna también debe considerar el derecho de las personas a decidir cómo es que quieren pasar sus últimos días en caso de una enfermedad terminal que cause dolor, los diputados locales de Hagamos implementarán una iniciativa para que en Jalisco sea una realidad la eutanasia.
El diputado Enrique Velázquez explicó que su propuesta contempla una serie de reformas, entre las que destacó una modificación al artículo 4 de la Constitución de Jalisco, en aras de determinar que el estado no sólo estará obligado a garantizar una vida digna sino también una muerte digna.
Con esto, explicó, se daría paso a que el sistema de salud en la entidad haga las adecuaciones correspondientes para fomentar, entre otras cosas, mayores cuidados paliativos y en su caso procedimientos para la muerte.
“La presente reforma tiene por objeto el explorar, valorar, justificar y proponer el reconocimiento del derecho humano a la dignidad hasta el momento en que se verifique la muerte. El derecho a la eutanasia es un derecho humano y, por lo tanto, interdependiente; su grado de vinculación es total con la relación del derecho a la vida, el derecho a la dignidad, a la autonomía, a la libertad, a la determinación y al libre desarrollo de la personalidad”.
La propuesta también contempla fortalecer al Instituto de Medicina Paliativa, ante las deficiencias con las que opera; así como implementar centros en los que las personas puedan acudir a pasar sus últimos días de manera digna, tal cual se implementan en otras partes del mundo.
“El derecho a la vida implica la obligación de proteger la vida de una persona estableciendo así una imposibilidad jurídica para que un tercero delibere respecto a la privación de la vida ajena, pero en ningún momento se traduce en la obligación de hacer vivir a otro en contra de su voluntad o en su defecto obstaculizar y perseguir la decisión libre y autónoma de dejar de vivir”, añadió.
Recordó que hasta el 2017 el dolor fue considerado como un problema de salud pública de escala mundial, es decir, como una enfermedad cuyo tratamiento es un derecho humano, por lo que se hace necesario implementar acciones al respecto, sobre todo cuando la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de personas al año necesitan cuidados paliativos y solo 14 %reciben asistencia.
“El reconocimiento de la dignidad de las personas exige más que una simple declaración, implica la revisión exhaustiva del derecho vigente, su evaluación y actualización de forma tal que la dignidad se convierta en la columna vertebral de los derechos humanos. Exige entonces especial atención el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, como dos elementos consustanciales que han de acompañar a la persona en toda su existencia, es decir, hasta el momento en que se verifica su muerte”.