Carecen de Agua y Electricidad: Diputada De la Rosa
Por Elizabeth Ríos Chavarría
De cara a las constantes vicisitudes a las que se han tenido que enfrentar ciudadanos que viven en la zona, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo para solicitar a diversas autoridades estatales y municipales atender la problemática que se vive en el desarrollo La Cima, en el municipio de El Arenal.
El acuerdo, impulsado por la diputada Susana de la Rosa (Futuro), establece que prácticamente desde la construcción de este desarrollo se han registrado una serie de irregularidades que hoy se han convertido en problemas para los ciudadanos de ahí, ya que carecen de los servicios básicos como electricidad o agua.
A decir de la legisladora, las miles de personas en el desarrollo viven en el abandono por la omisión y corrupción de autoridades, quienes en su momento permitieron la construcción de vivienda sin que se garantizaran los servicios públicos básicos.
En el cuerpo del acuerdo avalado se detalla que la empresa Dinamyca, en 2010, comenzó la construcción de las tres etapas del desarrollo La Cima y luego, con el nombre de Inmobiliaria Tango, siguió con los trabajos sin demostrar si existía el agua suficiente para un fraccionamiento de tal tamaño. A esto se le sumó, se lee, las deficiencias de infraestructura urbana y estructurales de los edificios, sin que las autoridades detuvieran la preventa de viviendas.
“Esto se desarrolla en un contexto en el que en nuestro estado se debate si la vivienda es un derecho humano o un negocio. Desde esta representación creemos que el derecho a la vivienda debe asegurarse por todos aquellos actores involucrados, y en este caso es necesaria la intervención para evitar una historia ya conocida en Jalisco: el abandono de viviendas”, expuso la legisladora en su acuerdo.
En la actualidad el desarrollo se encuentra abandonado por parte de la empresa inmobiliaria Tango al grado que dejó de pagar a la CFE el alumbrado público y el consumo del pozo de agua. Esto ha dado como consecuencia que desde diciembre pasado se cortara el suministro de luz por la deuda millonaria del lugar, poniendo en aprietos a las más de 3 mil personas que ahí viven.
De acuerdo al documento, legisladores avalaron pedir la intervención de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de Jalisco y del Sistema Estatal Anticorrupción, para que le den seguimiento al tema, a fin de de deslindar responsabilidades y sancionar a quienes corresponda por suscitar esta problemática.