Fruto de la omisión y corrupción de autoridades
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Porque el derecho a la vivienda debe ser garantizado por el estado, la diputada local de Futuro, Susana de la Rosa, presentó un punto de acuerdo legislativo para solicitar a diversas autoridades resolver las problemáticas del desarrollo La Cima en el municipio de El Arenal.
En sesión de pleno, la legisladora detalló que habitantes de esta comunidad viven en el total olvido fruto de la omisión y corrupción de autoridades, que permitieron el desarrollo de vivienda sin que se garantizaran los servicios públicos básicos.
Recordó que en 2010 la empresa Dinamyca comenzó la construcción de las tres etapas del desarrollo La Cima y luego, con el nombre de Inmobiliaria Tango, siguió con los trabajos sin demostrar si existía el agua suficiente para un fraccionamiento de tal tamaño. Esto, agregó, se vino a sumar a las deficiencias de infraestructura urbana y estructurales de los edificios, sin que el ayuntamiento impidiera la preventa de viviendas.
“Actualmente el desarrollo se encuentra en un proceso de abandono por parte de la empresa Inmobiliaria Tango y con ello inició la invasión de diversos departamentos por parte de decenas de familias y, en respuesta a la problemática, Inmobiliaria Tango dejó de pagar a la CFE el alumbrado público y el consumo del pozo del agua”.
Dijo que como consecuencia de esto en diciembre del año pasado la CFE determinó cortar el suministro de luz, por la deuda millonaria de la empresa en el servicio, poniendo en aprieto a las más de 3 mil personas que habitan el desarrollo ya que no cuentan con la liquidez para hacer frente a este problema, a pesar de que han solicitado incluso ayuda autoridades municipales.
Por ello, manifestó, en su propuesta le pide en primer lugar a autoridades de El Arenal a regularizar los servicios de esta zona, en tanto que al estado de Jalisco le solicita atienda las necesidades de sus habitantes.
También, añadió, requirió la intervención de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de Jalisco y del Sistema Estatal Anticorrupción, para que intervengan y le den seguimiento al tema, a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a quienes corresponda por suscitar esta precaria situación en habitantes de La Cima.
“Como representantes de las personas de Jalisco, necesitamos garantizar que exista justicia para todas estas personas que adquirieron una vivienda confiando en esta empresa y creyendo que sería su patrimonio, que sería lo que le podrían dejar a sus hijas e hijos. Seamos sensibles con la situación de todas estas familias que invirtieron sus ahorros. La ambición desmedida de unos cuantos está haciendo que pasen un rato sumamente desagradable”, concluyó la legisladora.