Morena: Es un tema recaudatorio
Regidores morenistas que irán con todo para frenar la puesta en marcha de las infracciones por estacionómetros en Guadalajara
Por Rafael Hernández Guízar
Las sanciones van a estar en manos de una empresa privada, pues el ayuntamiento concesionó dicho servicio a un particular: “Son los que van a decidir de qué tamaño es la infracción”, destacó el morenista Carlos Lomelí/Foto: Francisco Tapia
El partido Morena irá con todo para frenar la puesta en marcha de las infracciones por estacionómetros en Guadalajara.
Se trata de las nuevas multas que empezaran a aplicarse por el nuevo reglamento de estacionómetros que contempla la instalación de dispositivos “inmovilizadores”, mejor conocidos como arañas, y que pretenden evitar que la gente pueda moverse hasta que paguen la sanción.
“Cuando los voceros de Movimiento Ciudadano dicen es que imagínate si se estacionan en una rampa para discapacitados sí debes de ser castigado, sí claro, sí tienes que ser castigado, pero, una forma en la que te cueste hasta 17 mil pesos la multa el sacar el coche del corralón, porque al final imagínense la gente está pagando multas que ni siquiera tiene nada que ver con lo que gana mensualmente, entonces evidentemente es un tema recaudatorio no es un tema educación vial. Nosotros, ya lo dije en todas las vocaciones, hemos ido en contra como grupo edilicio y bueno pues esperamos que la gente también se manifieste en estos temas”, indicó la regidora morenista Mariana Fernández en rueda de prensa.
Y es que desde que se puso en marcha por el ayuntamiento el nuevo reglamento de estacionómetros, la fracción morenista dejó en claro que no estaba de acuerdo con los altos costos que se contemplan, así como por el hecho de que se castigue incluso a quienes son “reincidentes”, es decir, quienes ya cuentan con una multa por omitir la tarifa por estacionar el carro en la calle.
“Desde que propusieron estas multas conocidas como arañas, en la ley de ingresos votamos en contra, en la última sesión se puso todo un reglamento en donde se puso las multas (…) nosotros votamos en contra porque no es un tema de civilidad vial, es de recaudación. Antes una multa en Guadalajara cuando no gobernaba MC te costaba 800 pesos, las multas de banquetas ya van en cinco mil pesos”, agregó.
Y advirtió que el problema con el nuevo reglamento de movilidad de Guadalajara iría más allá debido a que “a lo mejor ahorita al inicio cobrarán la multa más pequeña, pero después, en mercados sucede mucho que la gente, por ejemplo, se pone en doble fila, entonces esa multa puede ser de siete mil pesos, más lo de ponerte la araña, más lo de tus días de corralón, el arrastre, y con las grúas piratas no sabes ni cuánto va a costar, y te dan rangos que puede ir de 300 a seis mil pesos, pero no te dan el criterio de que tienes que hacer que sea la más alta, entonces muy probablemente será la más alta (la que se aplique), nosotros nunca vamos a estar de acuerdo porque violan los derechos humanos”, dijo.
Por otra parte, el coordinador de la fracción, Carlos Lomelí, dejó en claro que es aberrante que los estacionómetros estén concesionados a una empresa particular, y que además de la falta de información respecto a los montos de las multas que se van a aplicar, la misma empresa no se haga responsable de los daños sufridos a los vehículos que pagan por el uso de los mismos.
“No estamos en contra de que haya orden, estamos en contra de la cantidad de las sanciones, estamos en contra de que una empresa como la que tiene la administración de los parquímetros, que los ciudadanos no se cansan de quejarse de que aparte de que son caros, que cuando vas a pagar el parquímetro a la tienda, regresas y ya tienes la infracción, no se hacen responsables de los robos del vehículo, en cualquier parte del mundo, quien tiene concesionado los parquímetros, no sólo son responsables del espacio donde se estaciona, son también responsables de evitar el robo parcial de los vehículos, es un reclamo permanente de la ciudadanía”.
Agregó que esto sólo va a permitir que haya total control de las sanciones a manos de una empresa privada, pues el ayuntamiento concesionó dicho servicio a un particular: “Son los que van a decidir de qué tamaño es la infracción”.