Acciones legales de los colonos de San Rafael

“Estamos revisando todas las acciones legales que correspondan a las violaciones a los Derechos Humanos que se han dado en estos últimos días”, dijo Gabriela Cervantes, representante del Colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas

Por Rafael Hernández Guízar

Fotografía relevante a la nota.

Manifestación de vecinos del Parque San Rafael reprimida por alrededor de un centenar de policías municipales y estatales, que, a decir de los vecinos, se extralimitaron en su actuar pues fueron intimidantes/Fotos: Archivo Página 24 y especial

Por el desacato a las suspensiones dictadas por jueces federales, vecinos del Parque San Rafael podrían interponer la próxima semana una denuncia contra el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

Y es que se trata de un delito que se persigue por la justicia Federal, toda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría obligada a investigar sobre el caso en el que tanto el alcalde tapatío como el director del Siapa, han hecho caso omiso a las suspensiones dictadas por los juicios de amparo que iniciaron los vecinos y que prohíben que continuaran la construcción de un vaso regulador, pues dicha obra constituye un grave riesgo para el medio ambiente, no solo por la contaminación de los mantos freáticos, sino también por la tala indiscriminada de árboles.

“Estamos revisando todas las acciones legales que correspondan a las violaciones a los Derechos Humanos que se han dado en estos últimos días”, dijo en entrevista con Página 24, Gabriela Cervantes, representante del Colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas.

En caso de que ejerciten las denuncias por desacato irían directo contra el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, y contra quien o quienes resulten responsables.

Lo anterior, podría representarle al alcalde la imposibilidad de ser candidato al gobierno del estado, como lo ha anunciado públicamente.

Y es que en días pasados, los vecinos cansados del desacato reiterado por parte del ayuntamiento y del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), salieron a las calles de esta ciudad capital para exigir el cumplimiento de las suspensiones que impiden que se toquen los árboles, ya que son el hogar de una especie endémica de loros que solo se encuentra en este parque.

Dicha manifestación fue reprimida por alrededor de un centenar de policías municipales y estatales, que, a decir de los vecinos, se extralimitaron los uniformados en su actuar pues fueron intimidantes al extremo.

Trasciende que los vecinos ya no confían siquiera en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco puesto que, dicho órgano qué debería velar por el cumplimento de los derechos de los vecinos, ha sido omiso totalmente.

“Desgraciadamente no le han dado el seguimiento que deberían porque las cosas que deberían de estar haciendo no las hacen, ahí está el actuar de los policías por ejemplo, y Derechos Humanos no dice nada. Probablemente podamos interponer algunas quejas pero hay que decir que la presidenta de la Comisión solamente se la pasa tomándose selfies y fotos con sus amigos en lugar de estar al pendiente de las cosas, por eso hacemos las denuncias a través de los medios de comunicación”, agregó.

Los vecinos inconformes han señalado que ya está dentro del Parque San Rafael una tuneladora que se usaría para excavar el vaso regulador que conectaría miles de departamentos que se construyeron ilegalmente violando los planes parciales del 22 – aunque con el consentimiento del mismo ayuntamiento- con un colector que se ubicaría debajo de la cancha de beisbol del Parque San Rafael, lo que terminaría por contaminar de manera irreparable los mantos freáticos que pasan a menos de dos metros de profundidad.

En caso de que la tuneladora realizara el trabajo de excavación podría llegar a causar también daños en las fincas de los vecinos, mismas que se han estado deteriorando de sobremanera por la construcción de las torres de departamentos, algo en lo que ni la constructora ni el ayuntamiento se han hecho responsables.