Acredita la CEDHJ ataques contra dos hombres

Por Rafael Hernández Guízar

Fotografía relevante a la nota.

Tras una investigación, se determinó por parte de la CEDHJ que en efecto, hubo un exceso por parte de policías investigadores y un agente del ministerio público contra dos ciudadanos, hechos que sucedieron el año 2009, pero que se denunciaron hasta el 2020/Foto: Especial

Un nuevo caso de tortura dentro de la Fiscalía General del Estado fue confirmado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Tras una investigación, se determinó por parte de la CEDHJ que en efecto, hubo un exceso por parte de po­licías investigadores y un agente del ministerio público contra dos ciudadanos, he­chos que sucedieron el año 2009, pero que se denuncia­ron hasta el 2020.

De acuerdo con el relato del ofendido, fue detenido en marzo de 2009 en el munici­pio de Tequila, Jalisco, y en el traslado y durante el tiempo que estuvo bajo custodia de los policías investigadores, en las instalaciones de la enton­ces Procuraduría, fue objeto de abusos y agresiones físicas y verbales a manera de “tortu­ra” para que aceptara la comi­sión de delitos que no había cometido y para que firmara documentos que contenía su declaración ministerial, en la que se incriminaba.

“De la investigación rea­lizada por esta defensoría se acreditó la aprehensión del agraviado por elementos de la Dirección General de la Poli­cía de Investigación de la en­tonces Procuraduría General de Justicia, quienes lo some­tieron a tortura física y psico­lógica, maltrato verbal y gol­pes con objetos contundentes que le ocasionaron múltiples heridas en su cuerpo, actos coincidentes con los mencio­nados en el Manual para la In­vestigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhu­manos o Degradantes (Proto­colo de Estambul)”, indica el cuero de la recomendación.

Entre las pruebas que con­firmaron la tortura, destaca­ron tres partes médicos de lesiones, así como la opinión especializada en materia de medicina y psicología basa­da en el Protocolo de Estam­bul, emitida por expertos de la Coordinadora General de Especialidades Científicas y Técnicas de la Comisión Na­cional de los Derechos Hu­manos (CNDH).

“Agotada la investigación, este organismo defensor com­probó que los servidores pú­blicos involucrados violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídi­ca, a la integridad y seguridad personal por tortura, y al trato digno”, agrega dicho docu­mento.

Por ello, el organismo, so­licitó que se concluya o inicie –en caso de no haber sido de­nunciado el delito- una carpe­ta de investigación en la Fis­calía de Derechos Humanos al haber elementos claros de la comisión del delito de tor­tura por parte de los “servido­res públicos”.

Otra recomendación por abuso de autoridad

Asimismo, se emitió otra recomendación contra la Se­cretaría de Seguridad del Gobierno del Estado luego de que el pasado 9 de enero del 2021, fuera presentada la queja de una persona a la que unos policías estatales lo perseguían con mentiras, lo acusaron de tomar en la calle –una falta administrativa- y darse a la fuga supuestamen­te, de la policía vial.

El agredido, fue amagado con una pistola por parte de un policía, derribado a gol­pes, y acusado con mentiras de haber causado daños en propiedad ajena y a los mis­mos policías que lo molieron a palos.

El suegro del quejoso, fue también agredido por los policías quienes le dieron un balazo en una pierna cuando este trató de defender a su yerno de los “guardianes del orden” que habían abusado de su investidura.

“En la indagatoria esta CEDHJ acreditó que no se comprobó que los tripulantes del automóvil hayan cometi­do alguna falta administrati­va; tampoco se demostró que elementos de la policía vial les hayan marcado el alto y que, al no detenerse, se haya iniciado una persecución hasta el lugar en que ocurrieron los hechos. Tampoco se evidenció que el peticionario representara una amenaza o hubiera puesto en peligro la integridad de los policías, como tampoco se justificó el uso de la fuerza empleada para su detención, pues a pesar de que el agra­viado descendió del vehículo sin resistencia ni intento de evasión, fue derribado vio­lentamente por el elemento policial y sometido en el piso. Quedó demostrado que el suegro del peticionario llegó al lugar de los hechos y al tra­tar de intervenir a favor de su familiar recibió un disparo de arma de fuego, sin que se en­cuentre justificado el uso de la fuerza, y sin existir alguna amenaza en contra de la inte­gridad del elemento policial que justificara su actuar”.

Además de un procedi­miento administrativo para su baja contra los policías agresores, se solicitó al fiscal general del estado, que se rea­lice una carpeta de investiga­ción contra los mismos.