Acredita la CEDHJ ataques contra dos hombres
Por Rafael Hernández Guízar
Un nuevo caso de tortura dentro de la Fiscalía General del Estado fue confirmado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Tras una investigación, se determinó por parte de la CEDHJ que en efecto, hubo un exceso por parte de policías investigadores y un agente del ministerio público contra dos ciudadanos, hechos que sucedieron el año 2009, pero que se denunciaron hasta el 2020.
De acuerdo con el relato del ofendido, fue detenido en marzo de 2009 en el municipio de Tequila, Jalisco, y en el traslado y durante el tiempo que estuvo bajo custodia de los policías investigadores, en las instalaciones de la entonces Procuraduría, fue objeto de abusos y agresiones físicas y verbales a manera de “tortura” para que aceptara la comisión de delitos que no había cometido y para que firmara documentos que contenía su declaración ministerial, en la que se incriminaba.
“De la investigación realizada por esta defensoría se acreditó la aprehensión del agraviado por elementos de la Dirección General de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia, quienes lo sometieron a tortura física y psicológica, maltrato verbal y golpes con objetos contundentes que le ocasionaron múltiples heridas en su cuerpo, actos coincidentes con los mencionados en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul)”, indica el cuero de la recomendación.
Entre las pruebas que confirmaron la tortura, destacaron tres partes médicos de lesiones, así como la opinión especializada en materia de medicina y psicología basada en el Protocolo de Estambul, emitida por expertos de la Coordinadora General de Especialidades Científicas y Técnicas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Agotada la investigación, este organismo defensor comprobó que los servidores públicos involucrados violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal por tortura, y al trato digno”, agrega dicho documento.
Por ello, el organismo, solicitó que se concluya o inicie –en caso de no haber sido denunciado el delito- una carpeta de investigación en la Fiscalía de Derechos Humanos al haber elementos claros de la comisión del delito de tortura por parte de los “servidores públicos”.
Otra recomendación por abuso de autoridad
Asimismo, se emitió otra recomendación contra la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado luego de que el pasado 9 de enero del 2021, fuera presentada la queja de una persona a la que unos policías estatales lo perseguían con mentiras, lo acusaron de tomar en la calle –una falta administrativa- y darse a la fuga supuestamente, de la policía vial.
El agredido, fue amagado con una pistola por parte de un policía, derribado a golpes, y acusado con mentiras de haber causado daños en propiedad ajena y a los mismos policías que lo molieron a palos.
El suegro del quejoso, fue también agredido por los policías quienes le dieron un balazo en una pierna cuando este trató de defender a su yerno de los “guardianes del orden” que habían abusado de su investidura.
“En la indagatoria esta CEDHJ acreditó que no se comprobó que los tripulantes del automóvil hayan cometido alguna falta administrativa; tampoco se demostró que elementos de la policía vial les hayan marcado el alto y que, al no detenerse, se haya iniciado una persecución hasta el lugar en que ocurrieron los hechos. Tampoco se evidenció que el peticionario representara una amenaza o hubiera puesto en peligro la integridad de los policías, como tampoco se justificó el uso de la fuerza empleada para su detención, pues a pesar de que el agraviado descendió del vehículo sin resistencia ni intento de evasión, fue derribado violentamente por el elemento policial y sometido en el piso. Quedó demostrado que el suegro del peticionario llegó al lugar de los hechos y al tratar de intervenir a favor de su familiar recibió un disparo de arma de fuego, sin que se encuentre justificado el uso de la fuerza, y sin existir alguna amenaza en contra de la integridad del elemento policial que justificara su actuar”.
Además de un procedimiento administrativo para su baja contra los policías agresores, se solicitó al fiscal general del estado, que se realice una carpeta de investigación contra los mismos.