Activistas solicitan que sea delito el abandono de una mujer embarazada
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Una niña y su madre, así como otras madres, colgaron el cartel de un deudor alimenticio en la Plaza de la Liberación, esto durante la instalación de tendederos para exhibir a deudores alimenticios, esto con la finalidad de mejorar el padrón en la entidad que los obligue a cumplir sus responsabilidades/Fotos: Cuartoscuro
Con la finalidad de avanzar en el tema y ante la exigencia reiterada de la sociedad civil por mejorar al respecto, en el Congreso del Estado siguen los trabajos para fortalecer en Jalisco el registro de deudores alimentarios.
Ayer la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Dolores López Jara, recibió a un grupo de activistas quienes le pidieron llevar a cabo diversas reformas legales para mejorar la justicia y el cumplimiento de los padres y tutores respecto a las obligaciones de pensión alimenticia y manutención.
En este sentido, cabe recordar que desde julio del año pasado el órgano técnico de la comisión legislativa ha trabajado de forma conjunta con el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios para la creación de un proyecto de reforma legal que amplíe los alcances que tiene el padrón ya existente en la entidad.
Si bien Jalisco cuenta con un registro en la materia desde el 2019, derivado de una propuesta impulsada por Enrique Velázquez (Hagamos) y Gerardo Quirino Velázquez (MC), lo cierto es que activistas y sociedad civil interesada ha considerado que la legislación tiene que ser mejorada en aras del bien común.
Al respecto, López Jara recordó que algunos de los puntos a considerarse en la iniciativa que se presentaría sería el de proponer como delito el abandono de una mujer embarazada, tal cual ya se ha reconocido en otros estados de la república como Nuevo León o Guerrero.
Estas sanciones serían con agravantes, es decir, aumentaría un tercio cuando por este abandono haya lesiones o se ponga en riesgo la salud de la mujer o del producto concebido, e incrementaría hasta la mitad cuando se produzca la muerte.
También, añadió, se daría facultad para que la dirección de Registro Civil celebre convenios con las sociedades crediticias a fin de proporcionar información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y en su caso solicitará su inscripción en el Buró de Crédito; y se impediría al deudor alimentario solicitar la incorporación a su familia de quien debe recibir los alimentos cuando este presente una personalidad violenta y ponga en riesgo a las personas o en su caso cuente con denuncias previas por agresiones.
Se contempla además que cuando el deudor alimentario se niegue a entregar lo necesario para los alimentos será responsable de las deudas que los acreedores contraigan para cubrir esa exigencia; y que se le restrinja la salida del país cuando deje de cubrir la pensión, ya con resolución judicial de por medio, por un periodo mayor a 90 días sin causa justificada.
Aunado a esto, expresó, se buscaría también que al deudor alimentario no se le dé ni refrende licencia de conducir mientras esté en el registro.