Da frutos la lucha de los vecinos
Personal del ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con la policía arrancó los sellos colocados por la Profepa
Por Rafael Hernández Guízar
El hecho de que hayan sido quitados los sellos de clausura y que se estén violando las suspensiones emitidas por el juez de distrito, constituyen varios delitos, como el quebrantamiento de sellos y el desacato/Foto: Cortesía
La lucha de los vecinos del parque San Rafael dio frutos; ya fue clausurada la obra del colector que a toda costa quiere realizar el Siapa contaminando los mantos friáticos.
Sin embargo, la clausura como tal, duró apenas unas horas pues personal del ayuntamiento en coordinación con la policía municipal arrancó los sellos colocados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), denunció en entrevista exclusiva con Página 24, Gabriela Cervantes, vocera del Colectivo Vecinos Unidos por el Parque San Rafael y Colonias Aledañas.
“Nos dimos cuenta de que estaban unas personas con un policía clausurando, y vimos que en efecto está ya clausurada la obra. Se pusieron los sellos de clausura. Tenemos desde junio con todas las denuncias que hicimos en Profepa, y también se supone que la diputada Laura Imelda del distrito 7 hizo un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión, para que actuaran las autoridades, se le ha dado seguimiento. Nosotros tuvimos una reunión con la Profepa y explicamos toda la problemática, ellos han ido visitando los lugares, con nosotros fueron en noviembre, y el 2 de diciembre. Fueron hoy (ayer) y el ayuntamiento y la empresa interpusieron un amparo por los actos de inspección, y estuvieron ganado tiempo al tiempo, y finalmente el 15 de marzo les negaron la suspensión definitiva que ellos como empresa y ayuntamiento pedían”, dijo Gabriela Cervantes.
Y para colmo, los vecinos a lo largo de varios años han luchado por su cuenta, han intentado a toda costa que el Ayuntamiento de Guadalajara y el Siapa violen los planes parciales del municipio, mismos que prohíben la construcción de las torres de departamentos que han edificado en la zona empresas como Grupo San Carlos, por ejemplo.
Los vecinos son quienes han tenido que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, para conseguir que la justicia federal les dé suspensiones para frenar los trabajos de obra que pretendían echar abajo cientos de árboles dentro del parque, algo que afectaría de forma irremediable especies endémicas de loros, pero también que causaría daños estructurales a las casas de la zona.
Es el caso del juicio de amparo 1235/2022 que se sigue en el Séptimo Juzgado de Distrito, donde por cierto, se les ha entregado ya una suspensión para el cuidado de los árboles, pero pese a ello, el ayuntamiento a cargo de Pablo Lemus Navarro, y el SIAPA (Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) han talado decenas de ellos.
El hecho de que hayan sido quitados los sellos de clausura y que se estén violando las suspensiones emitidas por el juez de distrito, constituyen en sí mismo varios delitos como el quebrantamiento de sellos, así como el desacato. Pero no fue obstáculo para que ayer los sellos fuera quitados.
“Ellos hicieron la inspección judicial junto con el personal de Profepa y sabemos que habían puesto los sellos y te puedo decir que tres horas después quitaron los sellos de clausura, siempre quitan los sellos porque esa zona está custodiada por policías (…) Es importante denunciar que el ayuntamiento oculta información y que usa a la fuerza pública para hacer eso. Se aprovechan porque sólo están ahí”, explicó Cervantes.
Y para colmo, en el juicio de amparo mediante el cual ayer se clausuró, la misma justicia federal parece ya ser parcial. Así lo adujo la misma Gabriela Cervantes, quien resaltó que desde enero han solicitado que se les incluya como terceros interesados, pero nada ha sucedido: “Nostros en ese juicio no estamos, no nos han permitido ser terceros interesados pese a que metimos un recurso de queja, está amañado y no sabemos con exactitud los procesos, al que le toca exigir”.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades, que se respete el estado de derecho y la estabilidad y tranquilidad de los vecinos: “A todas las autoridades, tanto a Lemus como a Enrique Alfaro, a los diputados locales y a los del Congreso de la Unión, ellos deberían de estar velando para que se cumpla la ley y que no se rompa el equilibrio de poderes, no quieren respetar las reglas de la democracia y de la participación ciudadana”.
En caso de que se configure el delito de desacato, podría incluso ser impedimento para que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, contienda en las próximas elecciones a la gubernatura como ha dicho públicamente, es su deseo.