Ayuntamiento de Guadalajara

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Regidoras y la síndica del ayuntamiento de Guadalajara presentaron una iniciativa con la finalidad de que el gobierno tapatío se adhiera al plan de acción, de la Comisión Na­cional de Derechos Humanos (CNDH), para la implementa­ción de estrategias que permi­tan incidir en la disminución de violaciones a los derechos humanos de las posibles vícti­mas de trata de personas.

A decir de la regidora So­fía García Mosqueda (PRI), el pasado 15 de marzo la CNDH presentó el plan de acción para prevenir y combatir todas es­tas violaciones a los derechos humanos, y el cual contem­pla seis líneas de acción que pueden ser cumplidas por el ayuntamiento tapatío.

“México es uno de los paí­ses en que se violan con más frecuencia los derechos de las niñas, los niños y los ado­lescentes. Y Jalisco, a escala nacional, ocupa penosamente muchos de los primeros lu­gares en delitos donde la vio­lencia, el abuso y la muerte les transforman la vida”, dijo García Mosqueda.

Para entender la importan­cia de tomar acciones en la materia, la regidora tricolor recordó que en 2021 Jalisco fue la segunda entidad en el país con mayor cantidad de víctimas de feminicidio de entre 0 a 17 años; el quinto puesto en víctimas de homi­cidio en la misma edad; y el cuarto lugar con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales por violencia sexual.

Por si esto no fuera poco, añadió que en 2022 Jalisco ocupó el deshonroso segundo lugar nacional por casos de trata de personas, de los cua­les 4 de cada 10 se cometieron en contra de menores.

“Nos olvidamos muy fácil de la historia de Hanna, esa pequeña de apenas tres años, abusada por su padre. Casi na­die se acuerda de Mayada, la joven que solo alcanzó a tex­tear que el chofer de su Uber la estaba acosando, antes de desaparecer. Tampoco nos in­dignamos como deberíamos contra el profesor de Deportes, en Autlán, que violó a una de sus alumnas de secundaria”.

Recordó además que mis­mas cifras de activistas u or­ganismos de la sociedad civil estiman que por cada mil ca­sos de abuso hay otros 900 al menos que no se denuncian, es decir, que solo el mínimo llegan ante un juez y casi nin­guno llega a condena.

“Conseguir que las tapatías y los tapatíos vivamos en paz, tranquilos, sin miedo de salir a la calle, sin la angustia de que acosen, violen o maten a nuestras hijas e hijos, a noso­tras, a nosotros, sí es posible. Solo necesitamos actuar, ser solidarios, mostrar voluntad, no quedarnos callados”.