Se puso del lado de perpetrador: Estudiantes UdeG

Por Rafael Hernández Guízar

Fotografía relevante a la nota.

Falso que en la Universidad de Guadalajara se indaguen los casos de abuso sexual; según estudiantes de la preparatoria regional de Chapala, el docente que abusó de una jovencita hace siete años tiene más víctimas y sigue impune/Fotos: Francisco Tapia

Una red de abusos sexua­les y acosos fue denunciada ayer durante la marcha del 8M en Guadalajara.

Daniela Báez Sosa, una jovencita que nació en Cha­pala fue víctima de abuso sexual infantil hace siete años denunció ayer que en la Universidad de Guadalajara (UdeG) protegen a su abusa­dor así como a otros que han hecho lo mismo con sus com­pañeros, tanto hombres como mujeres.

Ella sentenció ayer que el juez que atendió su caso se puso del lado del perpetrador claramente pues permitió que absurdamente, con capturas de pantalla tomadas supues­tamente de su perfil de Face­book, se echaran abajo peri­tajes realizados por expertos, se trata de un juez que es también maestro de la univer­sidad y que tiene un sueldo de casi 40 mil pesos al mes. Es el juez Daniel Ceja Arias.

“Que (ahora) ya cuento con unas herramientas que a los 15 años no tenía”, dijo, asegurando así que fue hasta años después de los abusos que entendió el daño que ha­bía sufrido, y que esto no fue algo que ella había ocasiona­do como se lo hicieron saber tanto familiares del abusador, como otros miembros de la comunidad universitaria.

“Yo denuncio ante la fis­calía por abuso sexual infan­til a esta persona, y hace unos meses se llevó a cabo la pri­mera audiencia en la que un juez que también pertenece a la casa de estudios, José Luis Ceja Arias, él es maestro del CUCSH pero tengo entendido que a partir de marzo cuando yo inicio mi proceso, él en­tra en licencia, desestimó el caso”, dijo.

Con lágrimas en los ojos, indicó que el maestro que la abusaba, le obligaba a hacer cosas aberrantes, que la gra­baba cuando lo hacía y cada vez era más asqueroso y agre­sivo. El docente la obligaba a que le hiciera sexo oral, ade­más de que la grababa en vi­deo para amenazarla.

“Yo en ese momento no tenía a nadie que me cuidara, y el maestro me alcoholiza­ba, me llevaba a una casa y me obligaba a que le hiciera cópula oral, me grababa con su computadora (…) él tenía un arete en el pene y me decía que le dolía tener relaciones sexuales”, dijo.

Durante el desarrollo del juicio, trascendió que el maes­tro la obligaba a ella también a dejarse que le hiciera sexo oral, y más allá, trató de pe­netrarla en varias ocasiones pero no pudo. Hubo además tocamientos y la videograbó desnuda. Eran constantes las amenazas de exponerla.

Lo más indignante, es que al momento ella no pudo con­tinuar con el proceso penal pues en la fiscalía dejaron que pasara el tiempo para realizar la apelación correspondiente. Fue más allá, y dijo que para poder defenderse, debería de gastar alrededor de 200 mil pesos entre honorarios de abogados y nuevos peritajes, algo que su economía no le permite pue ella sola ha paga­do para buscar justicia.

“Pues que había que pa­gar un peritaje por ejemplo, que cuesta 50 mil pesos (…); imagínate el dolor y lo que he pasado, porque me hicieron transcribir más de dos horas de la audiencia del juicio al que nunca me convocaron, no me dejaron que estuviera presente, y todo para que me dijeran luego que ya no estaba a tiempo de hacer nada, y que tenía que pagar un montón de dinero. Yo lo que busco es que haya justicia”.

El pasado 17 de febrero, entregó un escrito en la Uni­versidad de Guadalajara don­de pedía que se le diera copia de la resolución de su caso porque ella se enteró de que no había más investigación y que el mismo estaba detenido.

Que al maestro le siguen pagando y que en su lugar va su hijo a dar clases. Pero la responsabilidad iría también contra la orientadora acadé­mica que le dijo que estaba bien lo que le había pasado, que no era delito, así como contra otros trabajadores de la escuela preparatoria regional de Chapala que han tratado de obstaculizar el asunto.