Exigen al gobierno frenar los abusos en su contra

Por Rafael Hernández Guízar

Fotografía relevante a la nota.

Más de un centenar de conductores afiliados a la Conatram protestaron en los ingresos carreteros para exigir que cese la cacería en su contra, pues cuando ocurren accidentes carreteros o alguna multa, les retiran la unidad y los costos por el servicio de arrastre son exorbitantes. “La exigencia es que se publique el Reglamento de Grúas Concesionadas ante el abuso de cobros excesivos”, dijo Diego Bolio Corona, delegado en Jalisco de la Conatram/Fotos: Francisco Tapia

Un enorme colapso sufrió ayer la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) debi­do a la manifestación de in­tegrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C (Conatram).

En los principales acce­sos carreteros de la ciudad se vivieron problemas que obligó a tomar rutas alternas, esto debido a la presencia de cientos de camiones de carga pesada que se estacionaron en sitios como las afueras de la delegan Jalisco de la Secre­taría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“La exigencia es que se publique el Reglamento de Grúas Concesionadas ante el abuso de cobros excesivos”, dijo Diego Bolio Corona, el delegado en Jalisco de la Co­natram.

Y es que los integrantes de la Conatram exigieron, entre varias cosas, que cesen los abusos en su contra puesto que cuando una grúa se lleva los camiones que ya sea han participado en accidentes ca­rreteros, dentro de la ciudad, o que han cometido alguna falta, les cobran hasta 50 mil pesos o más tan sólo por el servicio de arrastre, a lo que se debe de agregar el costo que les supone arreglar las unidades, que para colmo son desmanteladas en muchas de las ocasiones.

Tras varias horas de mani­festación, finalmente se logró en acuerdo y se llegó a la pro­mesa de dar paso a esto, sin embargo, no es la única de las exigencias de los transportis­tas, ya que en el caso del es­tado hay una deuda enorme de dinero que se tiene entre el gobierno estatal y los mismos gruyeros, esto ante la falta de pago en operativos del mismo gobierno estatal y otros servi­cios.

Se estima, según datos proporcionados ayer en rue­da de prensa, que son alrede­dor de 60 millones de pesos los que el gobierno estatal debe a los propietarios y operadores de las grúas, algo que para muchos es casi ya un asunto perdido, ya que a diferencia de antes, ahora no hay siquiera certeza de que se hace con los carros de los corralones.

En tanto, el tema de la inseguridad es también una de las mayores quejas de los transportistas, puesto que hay muchos robos a trans­porte de carga en las carrete­ras y caminos, algo que ni la Guardia Nacional, y mucho menos las policías estatales han logrado solucionar.