Las desapariciones se incrementaron este sexenio
Ven un abandono de las autoridades en cuanto a la estrategia de seguridad en torno a los planteles de la UdeG
Por Gloria Reza
La orquesta de la cual formaba parte José Alberto González Moreno, tocó algunas melodías en memoria de los hermanos González Moreno afuera de Palacio de Gobierno, como protesta para exigir justicia, el 12 de mayo de 2021, unos días después de su desaparición/Foto: Cuartoscuro
Febrero 17, (apro).- La inseguridad que vive Jalisco se ensaña con la juventud, especialmente con los estudiantes. Y pese que el gobernador Enrique Alfaro asegura que las cifras de delitos están bajando en el estado, el coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Montalberti Serrano, señala que las cifras de violencia del crimen organizado y del fuero común contra la comunidad de esa casa de estudios se incrementaron notablemente en este sexenio. En algunos casos los estudiantes han sido privados de su libertad a plena luz del día, luego desaparecidos, asesinados y desmembrados.
El 26 de enero, un alumno de la Preparatoria 18 de la Universidad de Guadalajara, de 17 años, se encontraba jugando por la mañana en una unidad deportiva aledaña al plantel (ubicado en Balcones de Oblatos, Guadalajara), cuando un comando armado se lo llevó delante de sus compañeros.
La reacción de quienes presenciaron esta privación ilegal de la libertad, dice a Proceso el titular de la Coordinación General de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes, “fue curiosa”: en su mayoría no se inmutaron, siguieron jugando. Pero uno de ellos corrió a avisarle sobre lo ocurrido al funcionario, que ese momento tenía una reunión sobre seguridad.
Serrano recuerda que “estaban varios alumnos ahí viendo. Cuando les preguntamos (qué había pasado) vi un fenómeno muy curioso, porque a los 10 minutos que pasó eso, estábamos ahí con un policía y los jovencitos simplemente nos decían: ‘Pues se lo llevaron’. Les pregunté: ‘¿Ustedes que están haciendo aquí?’ ‘Pues estamos jugando’. O sea, su actitud es que no pasó nada. Eso yo no lo había visto, es mucha indiferencia”.
La víctima, de quien se reservó la identidad y sólo se identifica con las iniciales AD, fue localizado casi una semana después en el municipio de Teuchitlán, a casi 63 kilómetros de la capital del estado.
“Regresó golpeado, con laceraciones, pero regresó y bueno, para mí es como un día de fiesta”, comentó Montalberti Serrano, quien también precisó que es el primer caso de que un comando armado se lleva a un estudiante estando a un lado de su escuela.
La familia del alumno pidió a la casa de estudios no intervenir.
En su discurso, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presume una reducción de delitos. Pero para la comunidad de la UdeG y sus instalaciones la realidad es distinta; hay un incremento de estudiantes privados de su libertad a plena luz del día, desaparecidos, asesinados y desmembrados, asaltados o víctimas de agresiones sexuales y a su alcance, la droga. Todo eso en las inmediaciones de los planteles educativos.
Serrano Cervantes refiere que durante el pasado sexenio, a cargo del priista Jorge Aristóteles Sandoval, registraron ocho personas de la comunidad universitaria desaparecidas; uno es profesor y el resto estudiantes.
En contraste, desde diciembre de 2018 –cuando se inició la administración de Alfaro– a la fecha se han registrado 63 casos de alumnos con reporte de desaparición; 41 de ellos fueron localizados con vida, ocho aparecieron muertos y 14 no han sido hallados.
Uno de los estudiantes asesinados es José Francisco Villa, de 17 años, cuyos restos fueron localizaron en una fosa clandestina ubicada en el camino hacia Matatlán, municipio de Tonalá.
Villa fue visto por última vez el 2 de octubre de 2019, cuando salía de la preparatoria Tonalá Centro para ir a laborar a un restaurante de mariscos. A principios de enero de 2020 se reportó el hallazgo de 26 bolsas de plástico con restos humanos. Cinco meses después, su familia se enteró que en una de esas bolsas estaba solo el brazo izquierdo de Francisco; lo identificaron por un tatuaje.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) entregó sus restos a la familia más de un año después de que fue encontrado.
Otros integrantes que pertenecían a la comunidad universitaria que también se hallaron desmembrados son los hermanos González Moreno, a quienes el 7 de mayo de 2021 un comando del Cártel de Jalisco Nueva Generación los sacó de su casa, en el barrio de San Andrés, Guadalajara, y cuyos restos fueron localizados dos días después.
Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de desaparecidos, con 24 mil 374 desde marzo de 1964 a la fecha. En primer lugar está el Estado de México, con 46 mil 583.
Otro caso reciente de desaparición se registró a mediados de enero pasado, en la primera semana de clases, cuando fue visto por última vez un estudiante de la preparatoria 17, ubicada en una zona industrial del municipio de El Salto.
“La familia no quiere que digamos nada ni que intervengamos. Somos respetuosos de ese tema”, acota Serrano Cervantes.
Una desaparición forzada ocurrió el 22 de octubre de 2020, cuando hombres que se identificaron como personal de la fiscalía del estado se llevaron de su casa a Carlos Maximiliano Romero Meza, estudiante del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La madre del joven declaró que los sujetos portaban placas y le dijeron que se lo llevaban a las instalaciones de la calle 14 por estar acusado de robar un vehículo.
Serrano Cervantes refiere que el vehículo donde viajaba Carlos contaba con reporte de robo, lo que se presumió como el motivo de la detención, por lo cual “el caso no se trata de un presunto levantón”, sino de desaparición forzada, consideró.
El pasado 15 de septiembre, Miguel Alejandro Soto Morfin, estudiante de la carrera de Ingeniería de Negocios del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), desapareció luego de que un grupo armado ingresó a su domicilio y se llevó el vehículo de su familia y al joven.
También profesores han sido alcanzados por la marejada de desapariciones; Javier Moreno Ramírez, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de quien ya no se tuvo noticias desde el 12 de junio de 2014, y del Centro Universitario de Valle, el profesor Juan Manuel Núñez Maldonado, quien fue visto por última vez el 19 de noviembre de 2022.
Serrano Cervantes subraya que el delito de desaparición “vergonzosamente” se está normalizando y “no debemos seguir permitiendo que esas cosas crezcan y las tomemos como si nos tomáramos un caramelo; debe haber contención”.
Drogas, entorno de riesgo
El coordinador de seguridad de la UdG considera insuficiente la vigilancia que presta la policía en torno de los planteles para proteger a los estudiantes, pide que los municipios hagan podas de árboles, mantengan en funcionamiento el alumbrado público y, mediante sus áreas de Inspección y Vigilancia no permitan que se instalen cantinas alrededor de las escuelas, ni que en las tiendas de abarrotes vendan bebidas alcohólicas a menores, como se había acordado en el programa Sendero Seguro.
En ese sentido, el integrante del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del CUCSH, Francisco Jiménez Reynoso, estimó que las diferencias en la UdeG con el gobernador emecista Enrique Alfaro repercutieron en el retiro de apoyo a los planteles educativos de los servicios municipales, sobre todo en los ayuntamientos gobernados por Movimiento Ciudadano. Por ello, solicita que a las autoridades municipales y estatales “que no se politice el tema de la seguridad”.
Jiménez Reynoso afirma que el plantel que sufre más por la inseguridad es el CUCEI, debido a que en la zona abundan negocios donde se vende alcohol –incluso a menores de edad– y drogas a los estudiantes.
“El gran nicho de venta de drogas de los grandes cárteles son los planteles educativos, desde secundaria hasta universidad”, subraya. Incluso padres de familia le han comentado que en el CUCEA sus hijos han sido amenazados por compañeros para que les compren droga y, en caso de negarse, los golpean.
Insiste en que han pedido apoyo al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien responde que sí brindará servicios municipales en la zona, pero nunca dice cuándo.