El gobierno de AMLO aumentó el año pasado su gasto real en 60%
A diferencia de los primeros dos años de gobierno, marcados por la “austeridad republicana”, en 2021 y 2022 la administración de López Obrador se excedió en cientos de millones de pesos del presupuesto aprobado por el Congreso, principalmente por gastos en las secretarías de Estado y las paraestatales/Foto: Cuartoscuro
Febrero 4, Ciudad de México (apro).- En 2022 las secretarías de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastaron 343 mil 47 millones de pesos adicionales a los que tenían presupuestados; de este monto extra, 90% fue absorbido por la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como por atribuciones adicionales a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Defensa Nacional (Sedena).
En su cuarto año de gestión, el gobierno de López Obrador utilizó este excedente para disparar el gasto en sus políticas prioritarias, entre las cuales destacan sus megaproyectos de infraestructura ya mencionados –y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)–, el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, las labores de contención migratoria, el reparto de programas sociales y el reforzamiento de la Comisión Nacional del Agua.
En contraste, algunos sectores reportaron gastos inferiores a los que la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); entre ellos destacan el Poder Judicial, el sector Salud –incluyendo el programa IMSS-Bienestar–, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República (FGR) y las entidades no sectorizadas.
De acuerdo con el informe anual de Finanzas Públicas que la SHCP entregó a la Cámara de Diputados, el gobierno federal recibió 422 mil 462 millones de pesos de ingresos adicionales a los que contemplaba el PEF. Cuando elaboró el presupuesto de 2022, la SHCP minimizó ciertos ingresos, especialmente los petroleros, y los excedentes ofrecieron a la administración de López Obrador una enorme cantidad de dinero que pudo gastar de manera discrecional.
Así, en 2022 el gobierno federal había etiquetado 64 mil millones de pesos para el Tren Maya. Sin embargo, bajo la presión de López Obrador para terminarlo en diciembre de 2023, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo terminó gastando cerca de tres veces más: 178 mil 651 millones.
Sumando este monto a los 48 mil millones de pesos gastados en el megaproyecto en 2021 y 2020, y a los 144 mil 662 millones etiquetados para 2023, el Tren Maya tiene actualmente un costo de más de 371 mil millones. En 2018 el mandatario aseguró que el megaproyecto saldría en 120 mil millones de pesos y se inauguraría en marzo de 2023, lo que nunca fue tomado en serio por los especialistas del sector.
Lo mismo sucedió con la Refinería de Dos Bocas, a cargo de la Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Rocío Nahle García.
Desde el arranque del sexenio la Sener ha inyectado cientos de miles de millones de pesos en Pemex para financiar la construcción del megaproyecto, cuyo costo final ya rebasó por mucho los 8 mil millones de dólares que prometió López Obrador en un principio.
Este océano de dinero se vio reflejado en los sobregastos sistemáticos que ha reportado la Sener desde el arranque de la administración: entre 2019 y 2022, la dependencia gastó 690 mil 148 millones de pesos, de los cuales 520 mil millones (75%) no estaban contemplados en los sucesivos PEF.
Sólo en 2022 la Sener tenía aprobados 46 mil 725 millones de pesos, pero gastó cuatro veces más: 190 mil 999 millones. El gobierno explicó el sobregasto por la existencia de “erogaciones para el fortalecimiento de Pemex y en la investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera”.
Prioridades
Uno de los incrementos más importantes del gasto, en términos proporcionales, se observó en el Instituto Nacional de Migración, dependencia que tenía asignado un presupuesto de mil 763 millones de pesos en el arranque del año pero terminó gastando 6 mil 173 millones, 350% más.
La causa: el año pasado el gobierno de López Obrador se alineó con las presiones del gobierno estadunidense para frenar la llegada de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, así como de Cuba, Venezuela, Colombia y Ecuador.
Esta práctica ha sido sistemática en México: la SHCP suele entregar a la Cámara de Diputados estimaciones de gasto muy bajas para ciertas dependencias, y las aumenta a lo largo del año. Lo mismo sucedió con la propia dependencia dirigida por Rogelio Ramírez de la O, que reportó un sobregasto de 49 mil 129 millones de pesos en 2022, 229% de los 21 mil millones de pesos que tenía etiquetados.
La dependencia se otorgó a sí misma un incremento de 37 mil millones de pesos para el sector central, y disparó los gastos del Banco de Bienestar, Nacional Financiera, Bancomext y Banobras.
La Cancillería, dirigida por Marcelo Ebrard Casaubon –aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024–, recibió un monto sustancialmente superior al que tenía asignado a principio de año: de 8 mil 99 millones de pesos, sus gastos se elevaron a 13 mil 394 millones de pesos. El gobierno explicó este incremento por los costos de defensa de los connacionales en Estados Unidos.
La CFE, dirigida por Manuel Bartlett Díaz, gastó por su parte 102 mil 432 millones de pesos más que el presupuesto asignado, equivalente a un sobregasto de 23%; Pemex recibió 34 mil millones de pesos extra (5.4%), y la Secretaría de Marina (Semar) gastó 8 mil 569 millones de pesos más (22.7%).
El año pasado la Sedena, uno de los pilares principales de la administración pública bajo la gestión de López Obrador, pudo gastar 28 mil 246 millones de pesos adicionales a los que tenía asignados –un sobregasto de 27%–, entre los cuales destinó 8 mil millones de pesos a construir “proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional”, es decir, para terminar el AIFA.
La SEP y la Secretaría de Bienestar tuvieron aumentos de 17 mil 500 millones y 7 mil 500 millones, respectivamente; a pesar de parecer grandes en términos absolutos, estos aumentos representaron variaciones pequeñas en proporción con sus enormes gastos, de 306 y 382 mil millones de pesos, respetivamente.
Subejercicios
La FGR, que se encuentra en el ojo del huracán por las dudas sobre el estado de salud de su titular, Alejandro Gertz Manero, ejerció apenas 15 mil 330 millones de pesos el año pasado, 15% menos del monto que tenía asignado, lo que el gobierno explicó por las “menores erogaciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y en actividades de apoyo administrativo”.
Este subejercicio resulta difícil de justificar, pues la FGR sigue siendo incapaz de conseguir condenas para 94% de delitos del fuero federal y enfrenta tasas de rezago superiores a 50%; además está sujeta al descrédito por sus enredos en los casos emblemáticos de corrupción del sexenio pasado, como la Estafa Maestra, los sobornos en Pemex o la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El gobierno también redujo de manera brutal los gastos en la SSPC, que reportó un subejercicio de 39 mil 216 millones de pesos, equivalente a 42% de su presupuesto asignado, lo que justificó con el menor destino de recursos a la infraestructura de seguridad y la operación de la Guardia Nacional, así como para la administración del Sistema Federal Penitenciario; ello, a pesar de que 172 de las 288 cárceles federales presentan sobrepoblación.
El Poder Judicial, blanco de ataques recurrentes del presidente López Obrador y también sujeto de descrédito en la opinión pública –más de la mitad de la población desconfía de los jueces–, ha sufrido una serie de subejercicios que totalizan 12 mil 474 millones de pesos desde el inicio del sexenio. Para 2022 el subejercicio sumó 3 mil 260 millones de pesos, debido a “menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal”; a estos se agrega el recorte de 14% en el gasto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El año pasado el gobierno federal también frenó los gastos en el Tren Transístmico, megaproyecto de López Obrador al que el mandatario destina menos atención y recursos que al Tren Maya. Así, en 2022 el proyecto erogó 7 mil 209 millones de pesos menos que lo etiquetado, un subejercicio de 37.4%.
En el caso de la Secretaría de Salud (Ssa), la situación resultó paradójica: la dependencia tenía un presupuesto asignado de cerca de 194 mil millones de pesos –20 mil millones más que el año anterior– pero terminó gastando apenas 184 mil millones de pesos, con un subejercicio de 5%.
La Ssa reportó un gasto mayor en su programa de atención a la salud, pero recortó de manera drástica sus gastos en el “programa de vacunación” (la reducción fue de 75%) y sus erogaciones en “actividades de apoyo administrativo”.
Los regalos a Sedena y Semar
Desde el arranque del sexenio, el gobierno federal ha aumentado su gasto de manera constante: de 3 billones 85 mil millones de pesos erogados en 2019, aumentó a 4 billones 43 mil millones de pesos en 2022: 31% más.
En la jerga hacendaria, el gobierno federal incluye los ramos autónomos (integrados por los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos), los ramos administrativos (secretarías de Estado), los ramos generales, las empresas productivas del Estado (Pemex y la CFE), los organismos de control presupuestario (el IMSS y el ISSSTE) y los subsidios al ISSSTE.
A diferencia de los subejercicios que se observaban en los primeros dos años de gobierno, marcados por una estricta política de “austeridad republicana” impulsada por López Obrador, en 2021 y 2022 la administración gastó cientos de millones de pesos adicionales a los que tenía presupuestados, principalmente en las secretarías de Estado y las paraestatales.
En comparación con 2018, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la administración de López Obrador aumentó el gasto real en sus ramos administrativos en 60% en 2022; disparó principalmente las erogaciones de la Sener (3,292%), la Secretaría de Turismo (1,799%), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (492%), la Secretaría de Bienestar (209%), Pemex (78%), la Sedena (64.8%), la SHCP (54%) y la Ssa (50%). También aumentó, en menor medida, el gasto en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (42%) –principalmente por la Comisión Nacional del Agua–, en la Semar (33%) y en la SEP (23%).