Esperaremos publicación de la Ley para determinar acciones: Ramírez Höhne
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Tendremos que actuar en consecuencia. Ahorita no hay reforma, hasta que se publique podremos actuar, tiene que ser aprobada”, explicó la titular del IEPCJ, Paula Ramírez Höhne/Foto: Francisco Tapia
Podría ser una controversia constitucional a la que recurra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) para hacer frente al “plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo señaló la presidenta del organismo, Paula Ramírez Höhne.
La consejera presidenta mencionó que quizá la siguiente semana en el Senado estas reformas podrían tomar curso, y es por ello que habló de cómo actuarán para impugnarlas ante los daños, que ella supone, se provocarán a los organismos democráticos del país, ya que uno de los más graves será la reducción en las estructuras operativas del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
“Tendremos que actuar en consecuencia. Ahorita no hay reforma, hasta que se publique podremos actuar, tiene que ser aprobada. Respecto de estos cambios que están afectando estructuras, facultades, procedimientos electorales concretos, nos podremos pronunciar o actuar. Hemos vislumbrado distintos posibles recursos; creemos que hay la posibilidad de recurrir mediante una controversia constitucional, hay la posibilidad de presentar amparos, incluso se está valorando de acudir como amicus curiae”, explicó Ramírez Höhne.
Refirió que tendrán una defensa propia, ya que al final de todo los institutos locales en cada estado tendrán afectaciones distintas por lo que con base a ello actuarán, ya que, por ejemplo, en Jalisco pegaría la prohibición para invertir recursos en desarrollo de voto electrónico: “Nosotros, junto con Coahuila, somos las dos autoridades que hemos desarrollado, usado, implementado, mejorado urnas electrónicas para elecciones constitucionales y todo tipo de mecanismos de participación ciudadana, pues al menos en los últimos 20 años. Y creemos que esta le pone un freno muy importante a este desarrollo tecnológico que ha contribuido de manera significativa en la vida democrática”. Dijo que el que se vayan a extinguir las juntas distritales que el INE tiene en todo el país generará una afectación complementaria, ya que, por ejemplo, estas son las encargadas de poner las casillas de las elecciones. En el caso concreto del IEPCJ, agregó, se le quitaría la posibilidad de emitir reglamentación para acciones afirmativas y de paridad. “El impacto no es aislado, no podemos decir solo lo que les pega a los OPLES, porque muchas de las afectaciones por ejemplo al INE nos implican de manera directa. Nosotros no somos responsables de instalar casillas, pero sí son las casillas para nuestras elecciones, de manera que si el INE pierde esas capacidades institucionales, desde luego las elecciones locales se van a ver afectadas”, concluyó la presidenta del IEPCJ.