Que se escuche a quienes viven en el entorno: María Padilla

La propuesta hace eco de la realizada en días previos por regidores tapatíos de Morena

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La diputada local de Mo­rena, María Padilla Romo, presentará una iniciativa en el congreso para que todos los predios municipales pa­sen por una consulta popular antes de ser vendidos, cedi­dos o donados.

En rueda de prensa, la morenista refirió que con esto lo que se busca es salva­guardar el patrimonio de los municipios y así evitar casos emblemáticos como el de Iconia en Huentitán. De esta forma la morenista replicará la propuesta que regidores de Morena en Guadalaja­ra presentarán también en próximos en el ayuntamiento tapatío.

De manera concreta, su propuesta establece reformas a los artículos 85 y 88 de la Ley de Gobierno y la Admi­nistración Pública Munici­pal, para que sea obligatorio someter a consulta popular la enajenación de cualquier predio municipal como un parque, área verde, espacio deportivo o de vialidad, o que tenga una superficie mayor a los mil metros cuadrados.

En caso de aprobarse, de­talló, la consulta la organi­zaría el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, quien deberá preguntar a la gente si está de acuerdo con la enajenación, en un plazo de 30 días posteriores a que se proponga.

“No se trata de que todos los habitantes del municipio participen en la consulta, sal­vo que se trate de un predio de impacto en todo el muni­cipio, en los demás casos se trata de preguntar sólo a las colonias que se encuentran en el área de influencia del predio”.

Recordó que la ley actual delimita que cada desarrollo tiene la obligación de dar áreas de cesión para equipa­miento en favor del munici­pio y señaló que no hay nada mejor que preguntarle a la misma ciudadanía qué espa­cios son susceptibles de ser privatizados.

También, añadió, su inicia­tiva contempla un exhorto a la Secretaría de Administración y a la Consejería Jurídica, para que entregue un informe de los bienes inmuebles pro­piedad del estado y que se en­cuentran en posesión de par­ticulares, sólo para verificar que se cumpla con el destino establecido en el decreto de autorización. Además, se so­licitaría otro reporte en torno a las acciones que han hecho para defender el caso de Co­lomos III.

“No queremos anticipar ejemplos, porque sería una presunción injustificada. Lo que queremos es que el go­bierno del estado como titu­lar de esos predios sea el que informe cuál es la situación de cada uno, y si encontra­mos irregularidades, estar en condiciones de exigir su reversión”.