Actual legislación impide que proceso sea inmediato: Claudia García

Por Elizabeth Ríos Chavarría

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Con los cambios propuestos, los jueces estarían obligados a emitir la declaratoria especial de ausencia, a fin de evitar periodos prolongados y tortuosos, explicó la diputada morenista Claudia García/Fotos: Francisco Tapia

Con la finalidad de aca­bar con las trabas que existen para que se puedan registrar a los hijos de las personas des­aparecidas, la diputada local de Morena, Claudia García Hernández, presentará una iniciativa de reforma.

En rueda de prensa y acompañada de colectivos de desaparecidos, la mo­renista detalló que en la actualidad la ley establece que la declaración especial de ausencia la deberá de dar un juez en un plazo de seis meses, sin embargo, asegu­ró que estos tiempos no se cumplen pues hay casos que datan desde el 2019, lo que dificulta el registro o reco­nocimiento legal de los hi­jos de estas personas.

Por ello, añadió que su iniciativa contempla reformar algunos artículos de la Ley de Declaración Especial de Au­sencia y a la Ley del Registro Civil.

“¿Qué significa que no se reconozca a una persona como desaparecida? Que los familiares tengan que pagar las deudas contraídas, que no puedan echar mano de los re­cursos materiales o económi­cos, pero lo más grave de esta situación es cuando se tiene un hijo que acaba de nacer y que el proceso para poderlos registrar, que también son víc­timas indirectas, pues es muy tortuoso, es muy complicado, porque la Ley del Código Ci­vil tiene varios recovecos que impiden que este registro sea inmediato”.

Aseguró que con estos cambios los jueces estarían obligados a emitir la decla­ratoria, a fin de evitar perio­dos prolongados. También, se contempla hacer más fácil el registro de menores por parte de terceros –cuando ambos padres estén en calidad de desaparecidos–, o de la mis­ma madre.

“Se trata entonces de una serie de propuestas legislati­vas que emanan de un traba­jo colectivo que hemos rea­lizado con la gente que tiene problemas de desaparicio­nes, específicamente con el colectivo Luz de Esperanza, y con quien hemos venido trabajando, y se adicionan varios representantes de co­lectivos”.

Dijo que las repercusio­nes de no poder registrar a los menores son grandes, ya que legalmente no existen, vul­nerando así sus derechos de acceso a la educación, salud y nombre. Además, manifestó que con esto también se hace imposible declararlos como víctimas indirectas, por lo que tampoco pueden acceder a programas estatales.

La propuesta fue reconoci­da por integrantes del colecti­vo Luz de Esperanza, quienes llamaron a las demás fraccio­nes parlamentarias a sumarse a esta iniciativa y sacarla en cuanto antes, sobre todo por las complicaciones a las que se tienen que enfrentar en la materia.