Ciudadanos no van a los verificentros

Como forma de protesta contra programa recaudatorio

Por Rafael Hernández Guízar

Solos se aprecian los veri­ficentros de Guadalajara, una medida de protesta que ha im­perado entre la sociedad con­tra la verificación controlada.

Ayer constatamos la poca asistencia a un verificentro que se ubica sobre la calle Magisterio, en las cercanías de la Normal, en Guadalajara, incluso los mismos empleados indicaron que hay poca con­currencia de la ciudadanía.

“Pues bajó en lo que va del año, vamos a ver cómo em­pieza a comportarse esto en los próximos días”, dijo uno de los empleados, quien pre­firió el anonimato por temor a represalias.

Y es que en redes sociales y en medios de comunicación se ha hecho presente la resis­tencia ciudadana a la verifica­ción controlada, algo que no va en contra de la afinación de los automotores en Jalis­co, sino contra el modelo de verificación vehicular que se instauró en la entidad, mis­ma que requiere a la ciudada­nía para acudir a los centros de verificación a realizar las pruebas y que tiene un costo de 500 pesos.

“Yo ni madres, no voy a verificar el carro, me voy a esperar a ver qué pasa por­que no me parece que esté bien cómo están haciendo esto, a mí no me importa pagar la multa, pero no que­remos pagar la verificación aquí porque es puro negocio lo que estos cabrones (sic) del gobierno hacen con no­sotros”, dijo uno de los ciu­dadanos entrevistados.

Y siguió: “Yo voy a decir algo bien claro, no me voy a dejar sacar más dinero, por eso impugné los adeudos de mi carro, prefiero pagarle a un abogado que al gobierno, yo no quiero ir a hacer la verifi­cación porque no voy a pagar los 500 pesos, no es nada que beneficie al medio ambiente y por eso no voy a mantener más huevones que nomás sa­ben estirar la mano, conmigo que no cuenten, total, pago por las impugnaciones con los licenciados y ya”, dijo.

Miles de personas se han sumado a las páginas a través de redes sociales en donde se han organizado manifestacio­nes contra el modelo de veri­ficación impuesto por el go­bierno del estado, a cargo de Enrique Alfaro Ramírez.