Solo se estaban manifestando: Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente de Hagamos
En Jalisco están presos tres estudiantes por ejercer su derecho a la manifestación y en Hagamos exigimos su liberación inmediata. Es inadmisible que quienes se enfrenten a gobiernos autoritarios y a los intereses inmobiliarios terminen en prisión como parte de un mecanismo del poder contra la disidencia, reitera el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez Guízar.
Iván Cisneros, Javier Armenta y José Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se encuentran en prisión, formaron parte de manifestaciones junto con vecinos de la zona de Huentitán en Guadalajara con el fin de defender el carácter público de un parque en el que se pretende llevar a cabo un desarrollo inmobiliario conocido como Iconia, recalcó.
“La construcción de este parque fue decretada en 1980 por el Congreso del Estado de Jalisco y en 2008 el Ayuntamiento de Guadalajara, incumpliendo el decreto anterior, firmó un convenio con una empresa privada para el desarrollo de torres de departamentos a cambio de obras públicas para la ciudad que, desde entonces, no han sido entregadas en su totalidad. Los plazos de cumplimiento han vencido sistemáticamente sin que las empresas tengan responsabilidad, y en varios gobiernos municipales, se ha renegociado con los particulares, por encima del bien público. Incluyendo a Enrique Alfaro en 2016”, apuntó el dirigente estatal.
Ante esto, vecinos y estudiantes interesados se manifestaron pacíficamente en 2021. Su manifestación implicó reforestar el lugar, informar a personas vecinas, acampar en los alrededores y mantener una protesta pacífica. Posteriormente fueron desalojadas las personas manifestantes con lujo de violencia y comenzó un proceso legal en su contra, dijo.
“El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos dictó prisión preventiva a estos tres estudiantes bajo las presiones en contubernio con el gobernador Enrique Alfaro, mismo que ha declarado una guerra política, comprobable en medios y sus acciones, en contra de la UdeG y sus integrantes. La medida es desproporcionada, basada en la mentira de presencia de armas, y un abuso de la medida cautelar que ataca el principio de presunción de inocencia; además hay elementos para considerar que el juez implicado tiene conflictos de interés al estar casado con quien fungiera como síndica del Ayuntamiento de Guadalajara y que fue señalada por estos mismos estudiantes por el caso Iconia”, subrayó Gutiérrez Guízar.
El componente político de esta detención es evidente y es producto del reparto de cuotas y cuates en el Poder Legislativo, por parte de una mayoría servil a Enrique Alfaro. Desde Hagamos nos hemos pronunciado desde nuestra consolidación como partido político local en Jalisco en favor de la autonomía de los poderes, la selección por cualificación de quienes integran el Poder Judicial, la libertad de manifestación y el derecho a la oposición, expresó el presidente de Hagamos.
Por eso, exigimos la libertad inmediata de Iván Cisneros, Javier Armenta y José Rojas; así como una revisión de la pertinencia de su juzgador. “Libertad para los estudiantes presos políticos, ya”, insistió.
Alfaro niega intromisión en el caso: es un conflicto entre particulares, reitera
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que su administración se entrometa en los otros poderes del estado y reprima la protesta, como lo han denunciado autoridades y estudiantes de la UdeG tras la decisión de un juez de imponer prisión preventiva oficiosa a tres estudiantes universitarios que protestaron para exigir la recuperación de un predio público.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario exhortó al Poder Judicial para que reconsidere la medida cautelar impuesta a los tres jóvenes y puedan seguir su proceso en libertad.
“Con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad, sin que esto signifique exonerar a nadie.
Insistió en que son falsas las acusaciones en su contra respecto a que él gira instrucciones para presionar el futuro legal de los estudiantes y garantizó el respeto absoluto a la división de poderes y a las determinaciones que consideren en este caso.
“Por estas dos razones, hasta el día de hoy yo no he opinado ni expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El gobernador del estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es absolutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho de frente y hablando con la verdad, explicar por qué”, dijo el mandatario.
Aseguró que nadie está detenido en Jalisco por manifestarse, y que la situación de los tres estudiantes se debe a la probable comisión de un delito que la empresa afectada acusa en la denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado, y la deliberación del caso que se dará en algunas horas por parte del Poder Judicial.
“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque, sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo presidente Alfonso Petersen. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo, ni al gobernador, a quien le toca Aresolver el tema y hacer justicia”, dijo Alfaro. (Con información de Agencias)