¡UdeG, en estado de emergencia!

Juez dicta prisión preventiva a 3 estudiantes por defensa del Parque Resistencia Huentitán

Por Elizabeth Ríos Chavarría, y Staff

A forma de protesta por la persecución política de la que son víctimas el expresidente de la FEU, Javier Armenta, y dos estudiantes más de la Univer­sidad de Guadalajara (UdeG), docenas de alumnos, docentes y personal administrativo de esta casa de estudios se mani­festaron ayer en Casa Jalisco; ahí se quedarán en un plantón hasta que los afectados queden libres.

Ayer se desahogó la audien­cia en Puente Grande en don­de Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas enfrentan delitos por despojo de bienes inmue­bles y aguas tras la defensa que han hecho del Parque Resis­tencia Huentitán. Sin embargo, luego de declararse un receso en la audiencia de vinculación, se determinó que los tres que­darán en prisión preventiva ofi­ciosa hasta el martes que conti­núe el proceso.

Es en este sentido que la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoé García, confirmó que la FEU mantendrá un campamento a las afueras de la resi­dencia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, a quien se le acusa de orquestar esta perse­cución política.

“El mensaje que queremos mandar en esta protesta, en este plantón, es que las ins­talaciones de la organización estudiantil estén aquí perma­nentemente hasta que nuestros tres compañeros estén bien y de vuelta. No nos vamos a ir, no nos vamos a callar, si es lo que quiere el gobernador, no lo va a obtener”.

Desde la FEU se aseveró que Alfaro Ramírez encontró con esta vía otro frente más para acosar y perseguir polí­ticamente a miembros de la comunidad universitaria, so­bre todo cuando miente con el tema de Iconia, el desarrollo inmobiliario planeado para el predio que se encuentra en la zona de Huentitán.

“Afirma que es un conflic­to entre particulares, pero una vez más miente. Dice que don­de hoy se instala Iconia es pro­piedad privada desde el 2008, y lo cierto es que los desarro­lladores inmobiliarios no han entregado las obras a las que se comprometieron cuando adquirieron los predios y, aún así el gobernador insiste en de­fender los intereses de los em­presarios en lugar de defender a la ciudadanía”.

Por su parte el rector gene­ral de la UdeG, Ricardo Villa­nueva Lomelí, aseveró que no descansarán hasta que los tres estudiantes regresen a sus ca­sas, al manifestar que desde la universidad se declara un esta­do de emergencia.

“Jalisco está de luto, la división de poderes ha muer­to. Tres estudiantes con papá y mamá, con hermanos, con amigos, fueron encarcelados por indicaciones de Enrique Alfaro. Lo que vivimos hoy es un intento por callar cual­quier voz crítica en Jalisco. No podemos permitir que quieran castigar, sembrar miedo y minar el espíritu crí­tico de los jóvenes y de todos los jaliscienses”, añadió en un mensaje que difundió en sus redes sociales.

Audiencia fue un proceso basado en mentiras: Abogado de la UdeG

Juan Carlos Guerrero Fausto, Abogado General de la UdeG y defensor de los tres estudiantes, aseguró que la audiencia realizada este jueves fue un “proceso ama­ñado”, “basado en mentiras”, con “fabricación de delitos” y fuera de la ley, en el que el juez Felipe de Jesús Rivera no permitió que los jóvenes se defendieran.

Señaló que la audiencia realizada este jueves en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito 1 en mate­ria penal, estuvo plagada de irregularidades y en la que se hizo sentir todo el peso de la Fiscalía General de Jalisco.

“Estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fatuo, tan falto de veracidad y objetivi­dad como este; se presenta­ron cuatro agentes del Mis­terio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputar a tres estudiantes. Toda la fuerza de la fiscalía estuvo hoy haciendo señalamientos mentirosos, señala­mientos falsos”, dijo.

Guerrero Fausto señaló que la parte acusadora pre­sentó testigos, todos ellos trabajadores de la empresa constructora quienes afirma­ron que los estudiantes había entrado al predio donde se construye el complejo habi­tacional “de noche, en bola y con armas de fuego”, lo que dio pie para que, a petición del ministerio público, el juez determinara prisión preven­tiva oficiosa para Armenta Araiza, Cisneros González y Rojas Umazor, obligándolos a dormir en las instalaciones del Penal de Puente Grande hasta el martes.

“Negamos categórica­mente que llevaran armas, las únicas armas que llevaban son las de la resistencia, las armas de la dignidad y en eso se basó el juez para dictarles prisión preventiva oficiosa, los están tratando como de­lincuentes”, subrayó.

Entre las irregularidades, el abogado señaló que el juez es el mismo que determinó la orden de desalojo del par­que el 19 de agosto del 2022 y es esposo de la síndico del Ayuntamiento de Guadala­jara, María Cristina Estrada Domínguez, quien tuvo par­ticipación jurídica en las se­siones de cabildo en la que se aprobaron los compromisos jurídicos que el ayuntamien­to contrajo con el grupo de empresarios que se apropia­ron de un parque público.