El ejemplo más claro, la persecución contra exlíder de la FEU: Hagamos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Luego de que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) acusara persecución política en contra de su exlíder, Javier Armenta, por la defensa que ha hecho del Parque Resistencia Huentitán, el partido Hagamos condenó las acciones del gobierno a cargo de Enrique Alfaro, al usar el poder de forma discrecional para criminalizar la protesta social.
El presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez, rechazó el que se use al Poder Judicial como herramienta de intimidación, castigo y para silenciar la crítica de aquellos quienes se han opuesto a la privatización del espacio público, sobre todo del desarrollo Inmobiliario Puerta Guadalajara/Iconia que se construye de forma irregular en un predio que el ayuntamiento tapatío adquirió en 1980.
Cabe recordar que hace un par de días la FEU denunció persecución política contra Armenta, quien fue citado a audiencia en Puente Grande por el delito de “despojo de tierras y aguas”, tras la defensa que hizo –junto a estudiantes y otros activistas– del Parque Resistencia Huentitán.
“La arremetida contra activistas, dada a conocer por medios de comunicación en plena temporada navideña, no habla más que de un deseo de venganza antes que de justicia y la urgente necesidad de mantener los privilegios y ganancias de los intereses inmobiliarios que han crecido durante el gobierno alfarista: cientos de ciudadanos luchan contra la privatización de espacios públicos, la pérdida de áreas naturales y la precarización de la vivienda”, expresó Gutiérrez Guízar.
Aseveró que el gobierno de Alfaro Ramírez, lejos de velar por los jaliscienses, se ha rendido ante las órdenes de inversionistas a los que les sigue entregando la ciudad, y que además utiliza todo el poder a su alcance para callar a todos sus críticos y amedrentarlos con la prisión.
Exigió que paren los ataques y se deje de usar la estructura del estado en contra de ciudadanos que, en el pleno uso de sus derechos, han expresado sus posturas en contra de las políticas de vivienda por afectar la calidad de vida de los habitantes.
“(Hagamos) no permitirá que se siga persiguiendo y usando la justicia de manera selectiva y, en caso de ser necesario, emprenderemos acciones legales para dar acompañamiento y apoyo a quienes sufren esta situación de asedio e intimidación por órdenes del gobernador del estado”, concluyó.