Y en ayuntamientos y OPD’s: Doloros y Jara

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Dolores López Jara, di­putada local de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa de ley para reformar la Constitución de Jalisco, con la finalidad de establecer que el principio de paridad de género sea observado y aplicado de forma obligatoria en los pode­res públicos, ayuntamientos y organismos autónomos de la entidad.

A decir de la también presidenta de la Comisión de Igualdad, lo que se busca es hacer efectivo el derecho humano de las mujeres a la participación política en con­diciones de igualdad sustan­tiva, con la instrumentación de herramientas legales que garanticen su incorporación y desempeño en los espacios de toma de decisión.

“Esta legislatura es la que ha tenido el mayor número de mujeres. La sociedad espera grandes avances en el tema de igualdad de derechos de las mujeres y los hombres”, ex­presó la emecista.

Para entender mejor su propuesta, la legisladora refi­rió que en caso de aprobarse, al momento en que se elijan a titulares y encargados de los diferentes órganos e instan­cias se deberá de respetar en todo momento el principio de paridad de género, a fin de ga­rantizar esa alternancia.

En su propuesta se deta­llan reformas al artículo 53 de la Constitución para que en la elección del Fiscalía de Ja­lisco el gobernador en turno, al momento de armar la ter­na que enviará al Congreso, contemple por lo menos a una persona del género distinto.

“Respecto al artículo 58 se plantea que el Supremo Tri­bunal de Justicia del Estado se integre por 34 magistradas y magistrados propietarios, ob­servando el principio de pari­dad. (Esto) funciona en pleno y en salas, de conformidad con lo que establezca la ley reglamentaria. El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno será la presidenta o presidente del supremo, y uno se elegirá entre las juezas y jueces”.

Por otro lado, la diputada presentó una iniciativa para autorizar a los ayuntamientos y al SIAPA a realizar descuen­tos de hasta el 90 por ciento en los impuestos del predial, multas, recargos y servicios de agua potable y alcantari­llado, para los familiares di­rectos de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.