Amplia red de corrupción fomenta el delito: Especialistas
El Estado mexicano silencia y borra cualquier intento por la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada al pactar con grupos criminales, bloquear investigaciones y contribuir con la impunidad.
El tema se abordó con el panel “Delincuencia organizada y desaparición forzada en México: el vínculo silenciado”, como parte del programa FIL Pensamiento, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) durante la FIL 2022.
Séverine Durin, doctora en Antropología y Coordinadora del proyecto de investigación “Infancias amputadas, adolescencias en riesgo, niñez y violencia crónica en el noreste del país”, resaltó la negligencia de los agentes del Estado en la desaparición forzada.
Para la perpetración de este delito se necesita una amplia red de corrupción desgranada, desde los políticos de alto nivel que designan a integrantes de su gobierno, jefes policiacos y policías que, simultáneamente, omiten sus vínculos con los grupos criminales.
Bajo este esquema, el Estado mexicano se desmarca de su responsabilidad de brindar protección y justicia al responsabilizar a “individuos malignos” como los responsables de las crisis de seguridad y las desapariciones sin sospechar de cualquier intervención de los funcionarios públicos.
“Así, se borra cualquier visión y perspectiva sistémica porque, sin tener los vínculos, se borran las relaciones que deben entenderse de forma reticulada y sistémica”, explicó.
Sin ofrecer los vínculos entre autoridades y las personas desaparecidas se entorpecen o borran las autoridades de justicia, pues dejan de investigar.
“Los policías y los jueces son quienes bloquean la investigación de estos delitos; por eso se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, porque no se investiga, porque el trabajo no se hace”, aseguró Durin.
Jacobo Dayán, investigador, especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos, enfatizó en la falta de voluntad del Estado por localizar a más de 107 mil personas desaparecidas y no localizadas, ineficacia reflejada con apenas 35 sentencias por el delito de desaparición.
“El Estado mexicano ya abdicó de su obligación de garantizar la seguridad pública, como lo hicieron el PRI, el PAN y ahora Morena”, precisó.
Sin la voluntad y sin interés para investigar, el fenómeno de la desaparición forzada se replica bajo la lógica de los vínculos político-criminales y la lógica del mercado criminal, que busca agua, madera, combustible, trata de personas o droga, según las regiones.
“Este problema es una deuda de Estados, no de gobierno, de gobernadoras y gobernadores y del presidente de la república: si no exigimos todo, seguiremos teniendo exactamente lo mismo: la desaparición como un crimen perfecto para gestionar las violencias de este país y, de esta manera, controlar mercados lícitos e ilícitos”, declaró Dayán.
Laura Atuesta, coordinadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México, explicó el trabajo realizado en la primera base de datos sobre personas desaparecidas filtrada a la prensa durante el gobierno de Felipe Calderón. Se trataba de un Registro nacional de personas desaparecidas del que no se sabía hasta el momento.
“Contenía descripciones de cómo desaparecieron a las personas, pero no sabíamos mucho y tratamos de analizar la información hasta identificar las causas en 600 registros relacionados con el crimen organizado”, informó.
Lograron identificar cuatro causas de la desaparición forzada: el modus operandi relacionado con el crimen organizado; la intervención de autoridades o personas que usaban uniformes policiacos; las desapariciones en carreteras de Tamaulipas, y las desapariciones en la frontera norte.
Salvador Maldonado, antropólogo de El Colegio de Michoacán, especializado en temas de violencia, drogas y territorios ingobernables, así como ciudadanía, partidos políticos y gobernabilidad, acotó que la cifra de personas desaparecidas anula el significado de las desapariciones para los colectivos de búsqueda.
“Porque significan procesos de acceso a justicia y para los colectivos la importancia que conlleva la búsqueda de cuerpos de las personas”, explicó.
Destacó el vínculo silencioso que hay en la mayoría de los casos de violencia y la participación de actores públicos relacionados con el uso de la fuerza.
Eduardo Guerrero Gutiérrez, fundador de Lantia Consultores y exasesor del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), resaltó el cambio en la lógica de operación criminal: lo que comenzó con la exhibición de cuerpos en las principales avenidas de las ciudades se modificó hasta el ocultamiento de los cuerpos.
Adelantó datos preliminares sobre una base de datos elaborada por Lantia sobre desaparición con datos abiertos. Destacó el sostenido crecimiento en las desapariciones en el periodo de 2015 a 2020, que disminuyó en 21.9 por ciento en 2021, aunque en 2022 se espera un aumento de 1.5 por ciento; información recogida en Internet, cédulas de búsqueda de las fiscalías, entre otras fuentes.
“Y que complementa lo que se dice en redes sociales, prensa, etcétera, porque mucha gente desaparece y no hay quien los busque”, dijo.
Dayán señaló el intento del gobierno estatal por interrumpir las actividades de la FIL Guadalajara. “Estamos en la FIL organizada por la UdeG y es importante señalar el intento del gobierno estatal por bloquear y obstaculizar las actividades de una universidad autónoma, un evento dedicado a la cultura y todo ese embate del gobierno es por una agenda política”, dijo.
Incrementa desaparición forzada en transición democrática
Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, atribuyó el incremento del problema a la transición democrática que modificó los pactos entre políticos y grupos criminales.
“El empeoramiento coincidió con la transición de la democracia, donde los jugadores en este campo criminal, desde lo estatal y criminal, hicieron cambios en el pacto”, precisó.
El también estudioso de las instituciones y las prácticas del sistema de justicia y el autoritarismo subnacional en México, enmarcó el problema de la desaparición forzada en el contexto de los problemas económicos, la migración, los problemas en las localidades; en suma, en la destrucción del tejido social y la irrupción de las drogas sintéticas, con las cuales se asienta la industria del narcotráfico.
“El Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha revertido o descentralizado este proceso y no se ve que lo haya logrado porque sigue la gobernanza fragmentada”, destacó.
Descartó la comprensión del fenómeno de la desaparición forzada con el fortalecimiento de la Guardia Nacional; se requiere una intervención profunda.
“No podemos entender el problema de la desaparición y el empoderamiento del crimen sin entender el contexto multicausal de la economía de la droga y las expresiones territoriales: la única solución es intervenir a nivel de territorio en todos los aspectos: educativo, económico, social y cultural, para no llegar a la salida de una puerta falsa”, concluyó.