La intención es combatir fraudes patrimoniales
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Ante la necesidad de generar un marco normativo que de verdad dé certeza y garantías a ciudadanos, desde el Congreso de Jalisco se prepara ya la próxima aprobación de una nueva ley inmobiliaria para el estado, en donde se contemplará la aplicación de multas en contra de asesores e inmobiliarias que se ostenten como tal y no lo sean.
Para dar cuenta de los avances de esta iniciativa, ayer en el Congreso se reunieron expertos en el rubro y diputados locales, pues se estima que en la primera semana de diciembre la ley pase el filtro de comisiones y posterior se suba al pleno para su aprobación.
En este sentido, Jahaziel Omar Castañeda González, de la AMPI, recalcó la importancia de una ley que regule y evite, entre otros aspectos, fraudes o delitos patrimoniales que cada vez más son comunes en la entidad.
“Nosotros queremos que el gremio se profesionalice para que quienes estén en la parte informal tengan la oportunidad de trabajar de una manera ética y profesional. Necesitamos reforzar las leyes, nos ha tocado trabajar en 19 estados, apoyando a que esta ley sea una realidad”.
La nueva ley contemplaría la creación de un padrón de asesores e inmobiliarias certificados en Jalisco y quiénes están sancionados, a fin de que la ciudadanía sepa con quién contratará servicios; así como la instalación de multas a quienes se ostenten como agentes inmobiliarios y no lo sean.
“Habrá multas e infracciones a quienes se ostenten como asesores y no lo sean, y como aquellos que tengan su certificación y no cumplan con los códigos de ética. Hoy se presentó una multa, vamos a afinar esos detalles, porque ahora está (planteada) entre 4 y 15 mil pesos. Es un inicio para que las personas se la piensen antes de entrar al sector inmobiliario para infringir la ley”, agregó Castañeda González.
La impulsora de esta nueva legislación, la diputada Gabriela Cárdenas (MC), explicó por su parte que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) será la encargada de aplicar varios aspectos de la ley, como el cobro de multas y la generación de acreditaciones. Con el establecimiento de derechos y obligaciones, añadió, se buscará inhibir fraudes como los de la empresa AJP.
“Esta ley genera derechos y obligaciones. Derechos para los usuarios ya que busca dar certeza a todas las acciones que lleven a cabo desde compra, renta, todo tipo de acciones inmobiliarias. Estamos impulsando la capacitación, la especialización en todos los temas que se necesitan, desde la parte del Registro Público de la Propiedad, los notarios, el tema legal, jurídico, etcétera”.
Si bien se creará un padrón con las inmobiliarias y asesores certificados, la legisladora explicó que no pasará nada con quien no decida formar parte del mismo, ya que lo único que ocurrirá es que el estado no dará certeza a la ciudadanía de alguien que no se quiere certificar en la materia.