Insisten policías jaliscienses y especialistas:

Además de detallar algunas colusiones de funcionarios para proteger al cártel, los entrevistados señalan que para mantener esta situación es clave que el gobernador Enrique Alfaro no haya cumplido su compromiso de limpiar la Secretaría de Seguridad y la fiscalía locales

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Policías de Jalisco y especialistas en temas de seguridad coinciden en que la impunidad que goza el crimen organizado en el estado es producto de acuerdos o de una alianza entre distintas autoridades locales y los grupos delictivos, especialmente el CJNG/Foto: Especial

(apro).- A pesar de que el gobernador de Jalisco, En­rique Alfaro, reconoció a me­diados de junio de 2020 que la Fiscalía General del Estado (FGE) estaba infiltrada por la delincuencia organizada, no hubo ninguna limpia: la alianza entre la autoridad y el Cártel de Jalisco Nueva Ge­neración (CJNG) persiste, tal como revelan los documentos hackeados por el grupo Gua­camaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Francisco Jiménez Reyno­so y Anuar García, integran­tes del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y de la organización SOS Capí­tulo Jalisco, respectivamente, reprochan la falta de investi­gación y depuración que de­bió realizar Alfaro.

En tanto, la información difundida por Guacamaya Leaks apunta a que, desde los primeros días del gobierno de Alfaro, líderes del CJNG, como Armando Gómez Núñez, se reunieron con fun­cionarios de su gobierno, en­tre ellos el jefe de Gabinete, Hugo Luna Vásquez, supues­to “enlace” para favorecer a dicho grupo delincuencial, según informes del Centro Nacional de Inteligencia.

En testimonios ofrecidos a Proceso desde el anonima­to por razones de seguridad, policías estatales y de la FGE recuerdan que con la llegada de Macedonio Tamez Gua­jardo como encargado de la coordinación general Estraté­gica de Seguridad de Jalisco (ocupó el puesto del 6 de di­ciembre de 2018 al 7 de julio de 2020), se colocó a Pablo César Muñoz Cruz, exescolta del gobernador Alfaro, en la Comisaría Preventiva y Re­gional.

De acuerdo con los denun­ciantes, Muñoz Cruz acordó con Benito Santos Romay –quien desempeñó varios car­gos como mando de la FGE en el periodo de Luis Carlos Nájera, entre marzo de 2013 y julio de 2015– dejar operar al CJNG.

Según esta versión, Santos Romay pidió a Muñoz Cruz nombrar a Efraín Domínguez Martínez, El Asquil, como supervisor 04 en la Comisa­ría Estatal, aseveran los ele­mentos. El Asquil es señalado por los inconformes de ser presunto jefe de sicarios del CJNG.

Santos Romay fue deteni­do el 29 de agosto de 2019 en Aguascalientes junto con cin­co personas identificadas en el sistema Plataforma México como integrantes del CJNG. Los agentes consultados sos­tienen que varios policías colaboran con Efraín Domín­guez para dar protección al CJNG en el interior del esta­do.

A decir de los entrevis­tados, Domínguez Martínez también transmitió a través de Muñoz Cruz una petición al excomisario general de Segu­ridad y actual titular de la Se­cretaría de Seguridad Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, para que integrara en esa dependencia a Roberto Ismael Carrillo González, ex­comisario de Seguridad Pú­blica de Zapopan y comisario preventivo de la FGE en la pasada administración.

Carrillo González se inte­gró al área de Inspección Ge­neral de la Policía de Proxi­midad y Complementarias. Este semanario tuvo acceso a un oficio que Muñoz Cruz en­vió a Bosco Pacheco el 23 de mayo de 2019, en el cual pide comisionar a Carrillo Gonzá­lez en la Comisaría de la Fuer­za Policial Regional por “las necesidades del servicio”.

De acuerdo con los señala­mientos de las fuentes de las corporaciones, Carrillo Gon­zález fue enlace entre el exco­misionado general de Seguri­dad Pública de la FGE, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, y el CJNG durante la adminis­tración del priista Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta.

En diciembre de 2016 fue colocada en el Periférico Nor­te y la avenida Valdepeñas una manta atribuida al CJNG, en la cual se señalaba a Velázquez Ruiz de incumplirle al grupo delincuencial y de “agarrar feria a los de Sinaloa”. Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco (SSJ), Carrillo Gon­zález fue dado de baja el 1 de febrero de 2020.

De acuerdo con los denun­ciantes, Carrillo González de­signaba a los comandantes de los convoyes y les exigía “no interferir con las actividades del CJNG, así como efectuar levantones”.

Por medio del área de Co­municación Social de la SSJ se solicitó una entrevista con Bosco Pacheco. La depen­dencia se concretó a pedir las preguntas que se le haría al titular y entregó respuestas de algunas relativas a si todavía estaban o no en funciones los funcionarios señalados.

Al llegar Macedonio Ta­mez a la Coordinación Estra­tégica de Seguridad, colocó como coordinador adminis­trativo a Pablo Fabián Ibarra Pérez, quien fue su secretario particular cuando era director de la policía de Guadalajara.

Ibarra Pérez también se desempeñó como comisario de la policía de Tepatitlán, pero según la SSJ renunció como coordinador cuando lo llamó Macedonio Tamez.

“Si bien es cierto que no se le conoce algún dato que relacione directamente a Ma­cedonio Tamez con el crimen organizado, se conoció que su operador político era Pablo Fabián Ibarra Pérez y que ope­raron en la secretaría en varios rubros”, dijeron los policías.

Agregaron que Ibarra Pé­rez controló a la comisaría de la Fuerza Regional por medio de su titular Cristino Flores Ramírez, mismo que también fue señalado por los elementos de estar coludido en el huachi­coleo en la zona de Tototlán. Cristino Flores formó parte de la policía de Tototlán.