Que pasen factura a los que no hacen nada por la seguridad de los jaliscienses: María Padilla
Por Elizabeth Ríos Chavarría
La iniciativa de reforma a la ley de responsabilidades plantea que por acción u omisión de las autoridades haya una responsabilidad patrimonial que debe ser cubierta por quienes no son capaces de proporcionar seguridad a la ciudadanía/Foto: Especial
La diputada local de Morena, María Padilla Romo, presentó una iniciativa de reforma para que el estado o municipios asuman los costos de los daños provocados por un hecho violento en la entidad, cuando no funcione el sistema de videovigilancia C5 y no se capture a los responsables.
A decir de la morenista, su propuesta contempla reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, y con esto lo que se busca es darle mayor certeza a los ciudadanos ante la situación de inseguridad que se vive en Jalisco y la urgencia porque las autoridades asuman el costo de sus omisiones.
“La presente iniciativa tiene que ver con los daños colaterales que dejaron los hechos violentos en Andares, Providencia o como en Tonalá, donde la Policía Metropolitana se enfrentó a balazos con un grupo del crimen organizado, pero también tiene que ver con los coches incendiados en el último narcobloqueo en la ciudad y de tantos casos que han acontecido de los que no sabemos qué sucedió”.
La necesidad de este tipo de reformas, añadió, se puede constatar con el caso de Iván, el guardia de seguridad privada que resultó herido por balas perdidas en los hechos ocurridos en Andares. Explicó que en la actualidad sigue delicado de salud pero que ha trascendido que tiene una deuda hospitalaria de casi el millón de pesos.
Criticó en este caso el nulo funcionamiento de las casi 800 cámaras del gobierno de Jalisco, las 118 del ayuntamiento de Guadalajara y las 334 de Zapopan, para dar con los responsables de estos hechos. Por ello insistió en la importancia de estas modificaciones a la ley, ya que por acción u omisión hay una responsabilidad patrimonial que debe ser cubierta por quienes no son capaces de proporcionar seguridad a la ciudadanía.
“Que el estado le cobre a los funcionarios omisos, a los que no hacen nada por la tranquilidad de los ciudadanos. De esta manera podrán entenderse (también) como daño colateral las afectaciones psicológicas o psiquiátricas que provocan los actos de violencia”.
Acotó que como tal ya está prevista esta disposición, sin embargo, con la reforma se añadiría una vinculación más de responsabilidad a fin de que el estado responda por sus omisiones, y así el mismo o municipios puedan ir contra los funcionarios públicos responsables, para que sean ellos quienes repongan el dinero que sirvió para el pago de la indemnización.