Abre paso a andanada de amparos

Es indigno que quiera que se hagan modificaciones en el camino, eso demuestra que hay una incapacidad de los que deben de hacer las leyes, lamentó el litigante Felipe Rosales

Por Rafael Hernández Guízar

Que es amañada la forma como procedieron los dipu­tados y el congreso e Jalis­co para la publicación de la “nueva Ley de Movilidad del Estado” toda vez que habría que hacerse modificaciones.

Y es que una de las co­sas que se deberían de haber cambiado, es la multa que se impondrá a las personas que fumen y manejen al mismo tiempo, la cual, alcanzará los 488 pesos, y que supuesta­mente debería de imponerse sólo a los conductores del transporte público, pero que al momento, aplica para todas las personas, sentenció ayer Felipe Rosales, un abogado entrevistado por Página 24.

“Es amañada la forma en que se está haciendo porque una ley al momento de publi­carse entra en vigencia, enton­ces, si se publica está vigente como se publicó, a menos que haya artículos transitorios que hablen de alguna sanción o de algo en particular y que di­fiera su implementación por determinada causa, pero al momento, como está, quiere decir que cualquiera que vaya manejando y fumando puede ser multado, y no es el caso defender a los fumadores, es defender que se hagan cosas cosas como se deben de hacer porque de lo contrario, abre la posibilidad de que se realicen actos de molestia a la ciuda­danía, de que se les impongan sanciones, porque así dice la ley”, señaló el abogado.

Y agregó: “Eso es una ar­bitrariedad, y lo peor del caso, es que salga la diputada a decir que se van a hacer modifica­ciones, cómo es eso posible, si para eso tienen asesores y ellos mismos que deben de estar al pendiente de lo que votan y de lo que están generando; es in­digno que quiera que se hagan modificaciones en el camino, eso demuestra que hay una in­capacidad de los que deben de hacer las leyes, eso es un error que si en este caso no es tan fuerte, en el futuro puede ser algo que nos cueste a todos un precio muy alto”, señaló.

Por ello, destacó que la ciudadanía, podría recurrir a los tribunales, y por medio del juicio de amparo, solici­tar la protección de la justicia federal al verse violentada su esfera jurídica, derechos fun­damentales que aunque puede ser motivo de debate –en tor­no a la protección de la salud–, en efecto se violentan con la pretención de corregir una ley ya publicada en el periódico oficial del estado de Jalisco.