Apelaremos, dijo el SRE

Por J. Jesús Esquivel

Octubre 1, Washington, Estados Unidos (apro).– Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Ex­teriores (SRE) de México, no se muestra sorprendido ni de­rrotado por el fallo en contra de la Corte Federal en Bos­ton, Massachusetts, sobre la demanda civil que interpuso la dependencia a su cargo en contra de 8 empresas estaduni­denses fabricantes de armas.

“Desde que presentamos la demanda era uno de los es­cenarios posibles, estábamos preparados con mucha antela­ción; apelaremos en Boston la decisión del juez”, dice Ebrard en entrevista con Proceso.

Este viernes 30 de septiem­bre, el juez Dennis Saylor, de la Corte Federal en Massachu­setts, dio la razón a la indus­tria de las armas al desechar la demanda del gobierno del pre­sidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la querella va en contra de las le­yes estadunidenses.

“Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohi­bidas por la leyes federales o no tienen sustento por otras razones”, escribió el juez Sa­ylor en la decisión que emitió a favor de las 8 empresas fa­bricantes de armas.

“La Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de manera inequí­voca prohíbe demandas que buscan responsabilizar a las empresas que manufacturan armas por actos que cometen individuos que usan armas para propósitos personales”, destacó Saylor en su resolu­ción delineada por escrito en unos 40 folios.

Y es precisamente este ar­gumento sobre la inmunidad a la industria de las armas en Estados Unidos que emana de la Ley PLCAA la ventana de oportunidad que, según el canciller mexicano, abre posibilidades a México de una victoria en la apelación que se presentará muy pronto.

“El juez reconoce y relata todos los elementos de prue­ba que presentamos y que demuestran la negligencia de cruzar armas a México y cómo afecta a nuestro país, eso no lo cuestiona”, apunta Ebrard.

Sigue el canciller: “El ar­gumento del juez es que la Ley de PLCAA, que entró en vigor en 2005, le da inmunidad a la industria de armamentos en Estados Unidos respecto a demandas civiles de personas, pero reconoce el impacto de la negligencia de la industria de las armas en nuestro terri­torio”.

Las 8 empresas impugna­das por México expusieron con éxito en la Corte ante Saylor que, la instrumentación de la PLCAA no es extraterritorial, por lo tanto, no tienen respon­sabilidad alguna en el asesina­to de miles de mexicanos con los arsenales que fabrican.

La demanda civil del go­bierno mexicano sostenía que, por medio del tráfico ilegal de armas estaduni­denses, los narcotraficantes y el crimen organizado en general se empodera fuer­temente para sus propósitos delincuenciales y a la vez comete miles homicidios.

En su denuedo a favor de la industria armamentista, Saylor amplió la inmunidad de PL­CAA allende de las fronteras de Estados Unidos.

“Eso nosotros no lo acep­tamos, por lo tanto, vamos a apelar diciendo que el juez ya reconoce la vinculación entre la negligencia de la industria de armas y el daño en México en miles de personas que han perdido la vida.

Lo que no es de admitirse, desde nuestro punto de vista, es que se argumente la inmuni­dad a la industria de los arma­mentos que opera en Estados Unidos para casos sucedidos fuera de su territorio; eso va a ser el núcleo de la apelación”, indica el titular de la SRE.

A destacarse del fallo de Saylor, fue su empatía con México y los mexicanos vícti­mas de la violencia que enalte­cen las armas estadunidenses en manos de narcotraficantes y el crimen organizado.

“Esta Corte no tiene la au­toridad para ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, ni es su papel dividir posi­ciones para evitar comandos estatuarios aun cuando la denuncia pueda evocar una respuesta empática”, ecribió el juez Saylor.

Los armeros favorable­mente ante la Corte en Boston denunciaron que el gobierno de AMLO, con su demanda, pretendía crear un conflicto entre el Poder Legislativo y el Judicial de Estados Unidos al solicitar que se anulara la ins­trumentación de una ley, la de la PLCAA.

Nuevamente Ebrard: “No planteamos conflicto entre el Congreso y las Cortes, lo que planteamos es que el daño ocurre fuera de los Estados Unidos y así la PLCAA no aplica. Apelaremos diciendo que fuera del territorio de Es­tados Unidos esa ley no apli­ca, es decir, el argumento de la extraterritorialidad. Eso im­pugnaremos en la apelación a la que tenemos derecho”.

Confiado, el encargado de la política exterior en el gobierno de López Obrador considera que lo que hizo Saylor fue una interpretación errónea sobre inmunidad extraterritorial, algo que no tiene precedentes en todo el mundo porque considera que las leyes estadunidenses son mundiales.

“Él está interpretando la ley en favor de la industria de las armas diciendo: ‘no es responsable la industria de las armas en ninguna parte, ni en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos’, pero eso es una interpretación de él, no del Congreso (estaduniden­se)”, acota Ebrard.

Las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos y de otras naciones con subsi­diarias en territorio estaduni­dense, no pueden ser deman­dadas gracias a la PLCAA, ni siquiera por los constantes y lamentables casos de asesi­natos masivos con las armas semiautomáticas que manu­facturan, rifles y pistolas de alto poder y calibre.

“Los ciudadanos en Esta­dos Unidos no puede recla­mar según el juez y según la interpretación de PLCAA, por los efectos del uso de sus productos en el territorio de Estados Unidos, ojo, en el te­rritorio de Estados Unidos”, destaca Ebrard en la entrevis­ta con Proceso.

La apelación al fallo de Saylor ya la había preparado la Consultoría Jurídica de la SRE junto con el equipo de abogados estadunidenses que interpusieron en Boston la querella civil.

“La vamos a presentar en Boston, ahí iniciamos el proceso y no tendríamos que irnos a otra corte. Ya la teníamos lista, pero no tenía­mos los argumentos porque no sabíamos que iba a decir el juez específicamente. Se entregará muy pronto, en lo que nos tardemos en organi­zar el argumento en función de este criterio de la extrate­rritorialidad; vamos a buscar todos los precedentes de la legislación estadunidense y creemos que tenemos un buen caso”, concluye el Se­cretario de Relaciones Exte­riores.

Las 8 empresas demanda­das por México son: Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A., Century Internatio­nal Arms, Colt’s Manufactu­ring Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safe­ty Group e Interstate Arms.