A pesar de la jugada del PRI, la reforma no logró ser aprobada
Por Neldy San Martín
Pese al cabildeo, presiones y “chantajes” por parte de los secretarios de Gobernación y Defensa, así como de varios gobernadores –prácticas todas de la vieja cultura priista–, Morena no logró en el Senado los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional que ampliaría hasta 2028 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública/Foto: Especial
Septiembre 24, Ciudad de México (apro).- Sus tenis lo delataron. El senador Mario Zamora, del PRI, era el misterioso acompañante, del que sólo se veían sus tenis con una paloma roja, en una fotografía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, saliendo del hotel Emporio, que se ubica frente al Senado, en momentos en que se discutía la reforma para ampliar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, el pasado miércoles 21.
La imagen confirmó la operación directa del gobierno federal para sumar a nueve de 13 senadores y senadoras del PRI a apoyar la propuesta, que al ser una reforma Constitucional requería de mayoría calificada.
Cuando los diputados del PRI dieron la sorpresa con la iniciativa, los senadores de ese partido se dijeron unidos y llamaron al coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, para que diera una explicación. Dijeron que rechazaban la propuesta que ponía en peligro su alianza con el PAN. Sin embargo, con el paso de los días, la bancada priista decidió que cada quién votara según su conciencia.
Se dividieron en grupos. Quienes iban a votar a favor, como los senadores priistas donde habrá elecciones el siguiente año, Estado de México y Coahuila, se incorporaron a la operación de Manuel Añorve Baños, aliado de Alejandro Moreno, diputado y dirigente nacional del partido. Sylvana Beltrones Sánchez y Jorge Carlos Ramírez Marín eran partidario de construir una propuesta alterna y consensada. En contra, el coordinador de los priistas en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, confrontado con Alito Moreno, además de Claudia Ruiz Massieu Salinas y Beatriz Paredes Rangel. Zamora, senador por Sinaloa, también se había manifestado en contra, pero era el voto decisivo para Morena.
De hecho, recibió presiones públicas, en mensajes de Twitter, del gobernador de su estado, Rubén Rocha Moya, de Morena, y del antecesor, el expulsado priista y hoy embajador de México en España, Quirino Ordaz.
El fondo del asunto, según senadoras y senadores del llamado bloque de contención, era darle la estocada final a la alianza opositora, tras la crisis de la coalición Va Por México del PAN, PRI y PRD, creada bajo los auspicios del magnate-activista Claudio X González, por la presentación de esta reforma constitucional por parte de la diputada priista Yolanda de la Torre. Por cierto, tras cumplir con la encomienda de presentar la iniciativa, la diputada pidió licencia y será propuesta por el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, como presidenta del Tribunal de Justicia del estado, según fuentes consultadas.
“El tema tiene que ver con el Estado de México, con lo que viene del INE, con el 24 y con reventar la alianza”, dice Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Grupo Plural en el Senado. “También es una batalla por el PRI. El PRI está en su propia encrucijada: si se van a ir hacia el poder, en alianza con Morena o literalmente en incorporación, o si los otros sectores del PRI quieren seguir siendo una opción política y enfrentársele a López Obrador”, añade.
El senador opina que la intervención del secretario Adán Augusto López también tiene que ver con la sucesión adelantada, pues no sólo cumplía con la encomienda del presidente, sino que si le salía la jugada se posicionaría mejor en el juego de las “corcholatas” y descalificaría a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Álvarez Icaza dice que Adán Augusto tiene la facultad para sentarse a construir acuerdos con el Legislativo, está dentro de sus funciones, pero el problema es que usó sus atribuciones para la compra y la coacción.
Además del secretario operó el subsecretario de gobernación, César Yáñez, escudero del presidente desde 1988. Además de los secretarios de la Defensa y de la Marina, quienes llamaron a gobernadores con el amago de que, si sus senadores no aprobaban la iniciativa, entonces les iban a quitar al Ejército.
“Lo cual es un chantaje, porque falta año y medio para que eso ocurra”, explica quien fue secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al plazo legal para que los militares vuelvan a los cuarteles, 27 de marzo de 2024.
El senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dice en entrevista que el objetivo era romper con el bloque de contención en la Cámara Alta, en el que participa su partido. Entre otras cosas, porque las minorías parlamentarias sólo pueden promover acciones de inconstitucionalidad con al menos 33% de las firmas del total de las y los senadores. De hecho, el bloque de contención alista un recurso en contra de las reformas a leyes secundarias que establecen que la Guardia Nacional pasa al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que contraviene la Constitución y fue una propuesta del presidente.
El líder de Movimiento Ciudadano reitera lo que denunció en el pleno: que en esta operación participaron el secretario de gobernación, de Defensa y de Marina, y añade que amenazaron también a gobernadores con retirarles a la Guardia Nacional.
“Él (López Obrador) prefiere utilizar instrumentos de la vieja política, que a él le encanta esa vieja cultura priista autoritaria en donde se tiene que hacer lo que él cree”, dice Delgado.
“El problema del presidente es que siempre quiere arrasar y lastimar. Es lo que nosotros hemos estado frenando. El eslabón más débil es la gente del PRI, pero a pesar de eso no pudo. Él sabe que la operación política la estuvimos haciendo desde el bloque de contención, él sabe los alcances que tenemos”, añade.
La retirada
A las 11 de la mañana de ese 21 de septiembre dio inicio la sesión del pleno con 127 senadores y senadoras presentes. Morena requería las dos terceras partes de los votos: 85. Los morenistas confiaban en que los tenían. Con sus aliados del PT, Partido Verde y PES sumaban 75, más –tras un intenso cabildeo y la operación de las secretarías de Gobernación, Defensa y Marina– nueve del PRI; y otro extra del senador Raúl Paz Alonzo, quien en la víspera dejó el PAN para unirse a la bancada de Morena.
A 11:11 horas el bloque mayoritario votó en contra de la moción suspensiva que presentó la senadora Nadia Navarro del PAN para regresar el dictamen a comisiones y que tuviera mayor análisis y se buscaran consensos.
A las 12:13 una fotografía de los tenis de Mario Zamora, difundida por la periodista Leticia Robles de Excelsior en Twitter, con la pregunta: “¿De quién son esos tenis? Estuvo con Adán…”, obligó al priista a confirmar que eran suyos.
En entrevista, Zamora negó alguna reunión con el secretario de Gobernación ese día. Dijo que se encontró a Adán Augusto López cuando iba a reunirse con un amigo de Mazatlán en el hotel Emporio. Extrañamente, en uno de los momentos más decisivos del Senado, cuando se discutía la ampliación del plazo legal para que el Ejército haga tareas de seguridad, su conversación versó sobre sus tenis.
“Oye, Mario, y esos tenis”, cuenta que le dijo el tabasqueño.
“La verdad es que yo estoy medio malo, tengo dos discos fundidos, entre la L4 y L5, en la espalda baja y los zapatos con suela dura no los aguanto”, dice que respondió.
“Esa fue nuestra plática y listo. Ya me regresé yo al Senado porque mi amigo no estaba ahí, ya había podido tener acceso al Senado y ya lo vi en las instalaciones”, asegura.
Sin embargo, fuentes del Senado contaron que, tras el encuentro con Zamora, Adán Augusto llamó a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, para decirle que les faltaba un voto.
“La visión que yo tengo no es de ser un levantadedos”, dice en la entrevista Zamora, cercano a Alejandro Moreno, enfrentado públicamente con el gobierno de López Obrador hasta la presentación de la iniciativa militarista.
“Lo que hice fue preguntar en redes sociales, y sobre todo en WhatsApp, porque en mis campañas he puesto mi teléfono en espectaculares, y le pregunté a los sinaloenses, ‘cómo quieren que vote’. Porque hay mucha desinformación, no es la militarización, y mucha gente me dijo: vote en contra. Yo comenté con el grupo (del PRI) en la mañana mi intención de votar en contra”, añade.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en la conferencia mañanera del día siguiente que fue informado por el titular de Gobernación que les faltaba un voto.
“Entonces, cuando me dicen: ‘Vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones’, mi opinión fue: No, voten, voten, y no le hace que se pierda”, dice el presidente. Pero si rechazaban el dictamen, tendría que volver a San Lázaro, la cámara de origen, y si volvía a ser rechazado por segunda vez no podría volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
En ese escenario, hora y media después de rechazar la moción suspensiva, Morena tuvo que cambiar de opinión y emprendió una retirada estratégica.
A las 12:30 horas la senadora Lucy Meza le cedió su turno a Ricardo Monreal, quien planteó lo que habían despreciado desde que llegó la iniciativa: dar más tiempo a la discusión y al análisis a la reforma del Quinto Transitorio de la Constitución para ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Minutos después, a las 12: 37, las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, solicitaron que se suspendiera el debate y se devolviera el dictamen. Se trató de una jugada estratégica que le dio a los morenistas más tiempo ante la falta de votos y que, en contraparte, senadores y senadoras de oposición consideraron una derrota de López Obrador porque éste no había podido reventar el bloque de contención.
El plan B
Desde que se presentó en la Cámara de Diputados, el senador Carlos Ramírez Marín, del PRI, encabezó la idea de redactar una propuesta de dictamen alterno del Quinto Transitorio para obligar a que se entregue una evaluación de la estrategia de seguridad cada seis meses y que incluya la supervisión de la sociedad civil, con informes semestrales y comparecencia de la Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y una Comisión Bicameral. Además de garantizar los recursos de las policías locales.
Pero la respuesta de Morena fue que no tocarían el Quinto Transitorio porque entonces tendría que regresar el dictamen a la Cámara de Diputados y les propusieron que presentaran una reforma al Sexto Transitorio.
El senador del PRI cuenta que las negociaciones iban muy avanzadas, que se fueron adelantando en la redacción, y que habían acordado que se discutiera ese día, al menos, en comisiones, en paralelo a la sesión.
“Primero fuimos a presentársela al PRI y a decirles, ‘esto es lo que podría transitar, con el compromiso de que saliera al mismo tiempo’. Yo creo que lo que pasó fue simple y sencillamente que no dio tiempo. Cuando estábamos en esta reunión en el PRI, en el monitor, justamente vimos que Morena retiraba el dictamen a discusión y eso deja sin efecto nuestra propuesta”, narra el legislador de Yucatán.
Luego de la retirada del dictamen ante la falta de votos, la propuesta de Ramírez Marín y Sylvana Beltrones del PRI tomó impulso como plan B. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la próxima semana se convocará a todas las fuerzas políticas para construir, en consenso, una redacción alterna sobre el dictamen. Para ello, dijo, se invitará a gobernadores, titulares de seguridad pública de estados y municipios, y especialistas.
“¿Qué hay que trabajar en el Quinto? Por encima de todo, que el Congreso juegue un papel central en la Estrategia de Seguridad. Nosotros no vamos en la madrugada a las reuniones, y luego se nos contesta en un informe del que se han quejado todos los integrantes de la Comisión de Seguridad, incluso de Morena, donde dicen, ¡Esto no puede ser el informe que reciba el Senado! Entonces, es nuestra oportunidad de cambiar las cosas, que haya supervisión real, con indicadores reales y con especialistas supervisando”, explica Ramírez Marín.
Sin embargo, el senador Damián Zepeda señala que se trata simplemente de “atole con el dedo”, porque todo lo que están negociando ya se encuentra en los transitorios.
“¿Qué puedes redactar que te haga creer que ahora si va a cumplir el presidente? Hoy los transitorios ya dicen que se debe presentar un informe, ya dicen que deberías de invertir en policías municipales… la Constitución ya dice que la Guardia es civil y nada de eso le ha importado al presidente. Ya cambió la ley para que sea militar, declara que es militar. Lo que quieren es vernos la cara”, comenta.