Para dar certeza jurídica en la materia
De acuerdo con los impulsores de la propuesta, se trata de una forma de atender la crisis forense y de ser empáticos con la sociedad
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Ante la necesidad de contar con una herramienta eficaz que dé resultados en la materia, debido al rezago que se tiene en la entidad, diputados del PRI en el Congreso de Jalisco presentaron una iniciativa para crear una ley que regule el biobanco de datos forenses.
La propuesta fue presentada por la diputada tricolor Hortensia Noroña, quien explicó que con esto se pretende prácticamente que haya certeza jurídica en la obtención, registro y custodia de las pruebas genéticas en materia penal y servicios forenses relacionados con personas desaparecidas, tal cual se realizan en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
“En Jalisco la problemática de acumulación de cuerpos de personas fallecidas sin identificar y la saturación de las labores forenses han sido un escenario crítico ante la necesidad de mejoras urgentes que den respuesta a toda la sociedad jalisciense. Es una problemática que debe ser atendida con una perspectiva de derechos humanos”.
Para entender la problemática del tema recordó cifras de CEPAD, que al 31 de diciembre del 2020 había monitoreado 6 mil 249 personas fallecidas en la entidad sin identificar. Añadió también que la Comisión Estatal de Búsqueda –de mayo al 21 de junio de este año– tuvo conocimiento de 136 personas desaparecidas, cuando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas solo reportó 9.
“Lo anterior demuestra el incumplimiento con la legislación en la materia y evidencia la descoordinación entre autoridades locales y federales, incapaces y rebasadas para atender las 52 personas que en promedio desaparecen diariamente en Jalisco. Por eso presento la creación de la ley que regula el biobanco de datos forenses de Jalisco, atendiendo la crisis forense y en empatía a toda la sociedad”.
Recordó el caso de Patricia Lozano Aguayo, quien su hijo fue plagiado en julio del 2020 y encontrado sin vida en octubre del mismo año, y quien tuvo que pasar un viacrucis burocrático, ya que no fue sino hasta un año después que le entregaron los restos a pesar de que ya había sido identificado.
“Esta legislatura no puede ser indolente ante estas tragedias. Tenemos el compromiso de legislar para una sociedad justa que respete los derechos humanos”, agregó.