La diputada Susana de la Rosa convocó dicha actividad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de saber en dónde se está parado, para la implementación de más y mejores políticas públicas que abatan la brecha en la materia, ayer en el Congreso de Jalis­co se llevó a cabo un diálogo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado.

La actividad fue convo­cada por la diputada local de Futuro, Susana de la Rosa, en donde se habló es­pecíficamente de la protec­ción y garantía del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.

En este sentido, exper­tos y activistas presentes recalcaron la importancia de sentar en el contexto un avance de la agenda por los derechos sexuales y re­productivos en el país, y en la política pública, para el reconocimiento, garantía, promoción y protección del derecho de las mujeres y personas gestantes en Jalis­co, pues en la actualidad se ha demostrado que hace fal­ta mucho por trabajar.

“Estamos en un estado en donde la situación de las mujeres en nuestros dere­chos sexuales y reproducti­vos pues es alarmante. Un Jalisco en donde a 13 años de la norma 046 los Minis­terios Públicos no tienen capacitación suficiente para procesar denuncias de vio­lencia sexual en el marco de esta norma oficial”, refirió la diputada.

Con el diagnóstico hecho, la legisladora detalló que del 2019 al 2021 se registraron en Jalisco 53 mil 415 embarazos infantiles y adolescentes, es decir, en niñas de 9 a 12 años. Y al mismo tiempo, añadió, solo el 2.6 por ciento de los es­tudiantes de primaria y el 1.7 de secundaria han recibido for­mación del programa de Edu­cación Sexual de la Secretaría de Educación Jalisco.

“También estamos en un Jalisco en donde tan solo del 2010 al 2021 se han atendi­do 8 mil 782 casos por vio­lencia sexual en Jalisco, sin que se tenga claridad en la atención o trámites deriva­dos que se proporcionaron a las víctimas”.

Otro de los puntos desta­cados durante el diálogo fue que hay 43 mujeres presas por parricidio e infanticidio. Añadieron que de acuerdo a organizaciones de la socie­dad civil y academia a estas mujeres se les ha encarcelado por practicar un aborto bajo estos tipos de penales, ya que las sanciones suelen ser ma­yores. De ahí la urgencia por actuar y ver en qué se puede mejorar para detener este tipo de situaciones.

“Se está retomando trabajo que se hizo desde el año pasa­do y lo que nos interesa es que toda esta información también sirva para seguir comparando y moviendo las cosas, y gene­rar políticas públicas de cómo trabajar. Nos interesa que pue­da servir, que impacte a quie­nes les toca operar o quienes están en los espacios ejecuti­vos para que vean también la situación. Con esto nos damos cuenta que desde el legislati­vo no solo hay que impactar en una iniciativa, como el del aborto legal y gratuito, sino hay más que trabajar”, con­cluyó la legisladora.