Y legislación para evitar la crisis: Expertos
El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) ha tenido pérdidas en los últimos cinco años y sus activos no están creciendo como se requiere para hacer sostenibles las pensiones de los trabajadores, dijo el maestro Juan Diego Martínez Delgado, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, durante el foro “Análisis, impactos y alternativas para el futuro del fondo de pensiones del Estado de Jalisco”.
Como parte de un análisis realizado a las finanzas de esa institución, se dijo que mientras las aportaciones de los trabajadores son el único rubro en los ingresos que registra un crecimiento, los ingresos por administración de los fondos tienen pérdidas desde 2017, aunque el número de pensionados es mayor al que se tenía en ese año.
Antonio Sánchez Sierra, coordinador del Doctorado en Estudios Fiscales del CUCEA, afirmó que en los últimos años el Ipejal invirtió en proyectos que dejaron pérdidas millonarias como las Villas Panamericanas y el desarrollo turístico de Chalacatepec, porque no hay una legislación y órganos internos que favorezcan la rendición de cuentas.
Aseguró que el modelo de fondo de pensiones del Ipejal no es malo, pero que la corrupción y la falta de rendición de cuentas lo hacen inviable a futuro, pues se presta a que las decisiones recaigan en los diputados o el gobernador en turno y se ponga en peligro el futuro de las personas.
Añadió que al interior del instituto no hay un órgano que regule o analice los mejores proyectos de inversión a los que puede ir el dinero, el manejo de los recursos es discrecional y sin consultar a los expertos.
Por su parte, María del Rosario Ruiz Moreno, presidenta de la Academia de Doctores en Estudios Fiscales de Jalisco, AC, dijo que para que un fondo de pensiones sea viable debe de cumplir con ciertas características: que sea universal, tanto en la contribución como en los montos que son otorgados; que sea suficiente la cantidad otorgada a las personas pensionadas para subsanar sus necesidades económicas; que sea financiable, es decir, que tanto el beneficiario como la institución administradora puedan sostener las aportaciones.
También debe ser eficiente para que los recursos destinados, las reservas e inversiones sean apegadas a estudios de factibilidad que garanticen los resultados esperados y debe ser sostenible, pues los beneficios a los pensionados deben ser garantizados independientemente de las variables económicas y financieras.