Para evitar casos como el de “Alito” Moreno: Laura Pérez
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Con reformas a diversas legislaciones, como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la diputada federal de Jalisco por Morena, Laura Imelda Pérez Segura, presentó una iniciativa para hacer frente o evitar actos de corrupción en las dirigencias partidistas.
Durante el arranque del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la diputada por Tlaquepaque explicó que su propuesta busca combatir actos ilegales en este tipo de cargos, sobre todo por lo que está ocurriendo con Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder del PRI nacional, a quien se le investiga por diversas irregularidades.
“(Investigaciones) entre las que destacan la red para triangular dinero en bienes inmuebles, el castillo en el que vivía mientras residió en Campeche, el contubernio con una constructora a la que le adjudicaron más de 100 millones de pesos, el presunto desfalco al erario público de Campeche, los audios en los que habla de pagos de millones de dólares, entre otras investigaciones que podrían haber generado ventaja a ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en un puesto de elección popular por el partido que dirige”.
Detalló que su iniciativa va por asentar la posibilidad de anular la elección de un diputado de mayoría relativa en un distrito electoral, de los senadores, así como del presidente cuando, con sentencia de tribunales electorales federales, se acredite el beneficio de los mismos por hechos de corrupción ya sea realizados por sí mismos o un tercero.
“Es importante destacar que en la iniciativa que presenté se proponen adiciones al Código Penal Federal, para que las sanciones sean desde días de multa hasta el encarcelamiento de la o el funcionario partidista, candidato o servidor público que obtenga y otorgue fondos provenientes de actividades ilícitas para campañas electorales, incluyendo la suspensión de los derechos políticos de manera permanente”.
Su propuesta contempla además reformas a la Ley de la Fiscalía General de la República a fin de que autoridades trabajen de manera integral en los procesos de investigación y sanción a presuntos responsables.