Y subsane la carencia de jueces en Jalisco: Leticia Pérez
La contratación de impartidores de justicia traería un verdadero acceso a la justicia de forma gratuita, pronta y expedita, completa e imparcial
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Durante el 2018 cada juez conoció alrededor de mil asuntos, cuando el promedio nacional es de 490 asuntos por juez, es decir, se tiene un 204.2 por ciento más de lo establecido por la media nacional”, justificó la legisladora sobre su iniciativa/Foto: Francisco Tapia
Con la finalidad de garantizar una mejor impartición de justicia, la diputada local de Morena, Leticia Pérez Rodríguez presentó una iniciativa de reforma para que el Poder Judicial tenga un mayor presupuesto y así se garantice un mínimo de jueces en la entidad.
La propuesta contempla reformas a los artículos 57 y 64 de la Constitución de Jalisco. En el primero establece que el presupuesto anual del Poder Judicial en ningún caso podrá ser inferior al 2 por ciento del presupuesto general del estado.
Con respecto al artículo 64, detalla la iniciativa de la morenista, se delimita que el Consejo de la Judicatura garantizará la existencia de no menos de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, y deberá poner en marcha una plataforma tecnológica para el acceso de manera virtual a todos los juzgados de primera instancia.
La legisladora expresó que esta iniciativa busca dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2019, del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura, en el cual se establecen diversos objetivos estratégicos como el de garantizar a las personas el acceso a la justicia de forma gratuita, pronta y expedita, completa e imparcial, a fin de mantener la paz social.
“Adicional a lo anterior, dicho documento señala que durante el 2018 cada juez conoció alrededor de mil asuntos, cuando el promedio nacional es de 490 asuntos por juez, es decir, se tiene un 204.2 por ciento más de lo establecido por la media nacional”.
Por ello recalcó la importancia de dotar de presupuesto suficiente a este poder mediante el cual la ciudadanía puede ver cumplido su derecho de acceso a la justicia, sobre todo ante la necesidad de mayor recurso humano para hacer frente a los múltiples casos.
“Observamos que los estados que cuentan con la mayor cantidad de asuntos ingresados no necesariamente son los que obtienen un mayor presupuesto (…). Resulta indispensable garantizar la dotación de recursos financieros, técnicos y humanos adecuados y suficientes con el fin de asegurar que el Poder Judicial pueda realizar de manera efectiva sus funciones en el acceso a la justicia, de tal manera que no se incurra en demoras o dilaciones como consecuencia de la falta de recursos necesarios”.
Aseguró que su propuesta está armonizada con el postulado 7 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, que establece que cada estado miembro debe proporcionar recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar de manera correcta sus funciones.
“Aunado a lo anterior, la Suprema Corte se ha pronunciado a favor de la autonomía presupuestal de los poderes judiciales locales, tanto en su garantía como en su gestión, considerándolo como una condición necesaria para que ejerzan sus funciones con plena independencia”.