Jalisco, es el tercer estado más peligroso para las mujeres en México; Alfaro y la política misógina

A 4 años de gobierno, el saldo es demoledor en materia de seguridad

El estado ocupa los primeros lugares entre las entidades con mayor número de delitos por extorsión, homicidios y asesinatos

Por Arturo Rodríguez

Julio 27, Ciudad de Méxi­co (apro).-A cuatro años de iniciada la administración de Enrique Alfaro, en Jalisco, el saldo es demoledor en ma­teria de seguridad: el estado ocupa los primeros lugares entre las entidades con mayor número de delitos por extor­sión, homicidios y asesinatos en México.

En ese contexto, una con­ducción política misógina de las autoridades contribuye a un indicador atroz: las cifras del Tercer Informe de la Es­trategia Nacional de Seguri­dad Pública 2022, publicado por la Secretaría de Seguri­dad y Protección Ciudadana (SSPC), reflejan que Jalisco es el tercer estado más peli­groso para las mujeres.

La constante en esta cri­sis de inseguridad pública y de inseguridad para las mu­jeres en la entidad ha sido la indiferencia a los reclamos y la ineficacia en la implemen­tación de medidas de protec­ción, como quedó demostra­do con el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quemada viva por cinco personas pre­suntamente porque les in­comodaba a sus vecinos los ruidos que generaba su hijo autista, esto tras múltiples amenazas e incluso haber sobrevivido a un ataque con cloro industrial.

Organizaciones como Yo Cuido México y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los De­rechos de las Mujeres docu­mentaron que las autoridades correspondientes no dieron la debida atención y segui­miento a su proceso, pues el día del ataque Luz Raquel no tenía acompañamiento Niño protección del gobierno estatal, ni del Ayuntamiento de Zapopan que informó, las medidas de protección habían caducado.

Aún así, el gobernador En­rique Alfaro aseveró que nin­gún funcionario público falló en darle la protección solici­tada a la demandante, a pesar de que el propio Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, concedió que la caduci­dad en las medidas precauto­rias para Luz Raquel Padilla era un asunto “meramente técnico”, pues la Ley Gene­ral de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que dichas medidas siempre deben estar vigentes.

Estas irregularidades de­rivaron ya en un primer caso judicial. Ayer, Proceso dio a conocer que las diputadas fe­derales del Partido Acción Na­cional Cecilia Patrón y Diana González, acompañadas por Laura Esquivel, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional, y de Diana Araceli González, Presidenta estatal del blanquiazul, presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar la inacción de fun­cionarios del gobierno estatal y del ayuntamiento de Zapo­pan al no brindar protección a Luz Raquel Padilla.

Violencia de género estilo Jalisco

Sobre la violencia de gé­nero en el estado, el reporte de la SSPC detalla que Ja­lisco ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios, con 63 casos, sólo por deba­jo de Nuevo León (70) y el Edomex (132) y pertenece al grupo de cinco entidades que agrupan el 42.5% de todos los casos a nivel na­cional, tomando en cuenta que estas cifras sólo mues­tran los reportes al número de víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas y reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales.

El caso de Luz Raquel Pa­dilla evidenció que en Jalisco las mujeres enfrentan buro­cracia, indiferencia y mala atención al denunciar casos de violencia, como también sucedió con Ángela María Barba Asencio quien a través de redes sociales denunció ac­tos de violencia de su expareja Ángel Ulises Preciado, quien a pesar de contar con múlti­ples denuncias por violación y abuso infantil aún le tiene retenido a su hijo. La mujer pidió ayuda al gobernador quien solo reaccionó a lo que considera un ataque político.

Y es que, al ser cuestio­nado al respecto Enrique Al­faro respondió: “me parece muy delicado que asuntos de carácter familiar empiecen a ventilarse de esa manera, queriendo generar un proble­ma de carácter político”.

Alfaro negó cualquier trá­fico de influencia para benefi­ciar al agresor, lo que generó descontento social no sólo por la revictimización y falta de credibilidad en la madre afectada, sino por un reciente caso sobre violencia política de género en Guadalajara.

En días pasados se filtró a medios de comunicación la compra de una camioneta de la diputada morenista María de Jesús Padilla Romo, en la que se hicieron públicos sus datos personales e informa­ción privada, lo que es una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Perso­nales, y que puso a ella y su familia en situación de vul­nerabilidad ante la delincuen­cia, todo con la intención de desprestigiarla por su activi­dad política.

Al respecto, la diputada priista Verónica Gabriela Flo­res Pérez se solidarizó con María Padilla y declaró: “a los medios les pregunto, qué de noticioso tiene el tema. ¿en dónde estamos las mujeres de este Congreso para evitar que se siga linchando mediática­mente a una compañera dipu­tada”, cuestionó a los medios oficialistas.

“Lo digo con toda res­ponsabilidad, me he dedica­do a la política toda mi vida, no se vale que crean que las mujeres estamos en un es­pacio porque se lo debemos a un hombre. Rechacemos la frivolidad y las múltiples formas de violencia. Robar la vida de una mujer es grave, como grave es intentar robar la buena fama y la libertad de otra mujer. Hemos institucio­nalizado la violencia a través de los temas mediáticos”, acusó la legisladora.

Como responsables de la filtración a medios de comu­nicación afines al gobernador Alfaro y la presunta comisión del delito de violencia polí­tica de género contra Padilla Romo, ha trascendido José María Martínez, coordinador de Morena en el Congreso local, y a Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente munici­pal de Guadalajara, esto con fines de impactar la imagen de la legisladora pues en la transacción del vehículo en cuestión no se ha detectado irregularidad alguna.

Jalisco es uno de los seis estados que concentran la mi­tad de las víctimas de homici­dio doloso y de las 5 entida­des donde suceden el 63.5% de las extorsiones en México, según datos del del Tercer Informe de la Estrategia Na­cional de Seguridad Pública 2022.

Aún más. Los datos refle­jan que no solo es la violencia de género sino la violencia y criminalidad en general que campean en otros ámbitos empezando por Guadalaja­ra, la capital: el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco muestra que de­litos como robo a vehículos aumentó 250%, el robo a negocios 800% y los homici­dios dolosos se duplicaron de 2015 a la fecha.