Es suficiente con que las universidades expidan títulos: Hagamos

Entrará en vigor en 2023 y aplicará para especialistas en salud, ingenieros, arquitectos, contadores y abogados; sin embargo, se considera excesiva

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Fotografía relevante a la nota.

Al justificar las propuestas de cambio en la ley, legisladores por Hagamos señalaron que ni la misma Dirección de Profesiones del gobierno entiende bien cómo se va a echar andar la certificación, que además “generaría un problema que limitaría a los profesionistas en el tema del derecho al trabajo”/Foto: Especial

Diputados locales de Ha­gamos impulsarán reformas a la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales con la finalidad de revertir la obligatoriedad, que cobrará efecto en 2023, de sacar en el estado la cédula local sujeta a una certificación cada tan­to tiempo para cierto tipo de profesiones.

El diputado Enrique Ve­lázquez recordó que, tras las reformas hechas en 2018, a partir del siguiente año la ley que quieren reformar exigirá como requisito una cédula lo­cal para ejercer ciertas profe­siones, que estará vigente en tanto se pase un procedimien­to de certificación profesional continuo, el cual tendrá un costo.

Por eso, la propuesta de reforma a varios artículos contempla eliminar la certifi­cación obligatoria como con­dicionante para el ejercicio de la profesión, a fin de que la cédula profesional recupere su carácter de patente defini­tiva.

“Se busca en esta iniciati­va que no sea una condicio­nante, como lo han venido proponiendo, expedir una cé­dula profesional que se pueda tener por una capacitación que colegios estarían facultados a impartir pero que limitaría de manera clara la posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Creemos que si ya una univer­sidad expidió un título sería suficiente para poder ejercer ese trabajo”.

Cabe recordar que la cer­tificación profesional que será obligatoria en 2023 se debe­rá realizar cada cinco años y quienes estarán sujetos a hacerla serán los del área de salud, ingenieros, arquitec­tos, contadores y abogados. Sin embargo, a decir del le­gislador, los médicos –por ejemplo– pasan por años de estudios y preparación que deberían ser suficientes para ejercer.

“No estamos en contra de que se hagan estas certifica­ciones, los mismos colegios pueden capacitar a sus agre­miados con la intención de que sea un plus. En el caso de los abogados, que hay muchas es­pecialidades como mercantil, civil o penal, ¿cómo podrían demostrar su actualización si nada más le darían la po­sibilidad de ejercer la profe­sión en una sola rama? Hay muchas lagunas, la misma Dirección de Profesiones no entiende bien cómo se va a echar andar. Esto generaría un problema que limitaría a los profesionistas en el tema del derecho al traba­jo”, insistió.

Por su parte, representan­tes de colegios de abogados expresaron que la obligato­riedad de esta certificación es inconstitucional, en tanto que la diputada Mara Ro­bles reiteró en que no están en contra de la profesionali­zación, sino de la forma en la que el estado quiere lle­var a cabo este tema, sobre todo porque pareciera que se quiere lucrar.

“Nuestra iniciativa no pre­tende evitar la actualización, lo que nosotros queremos es que no se lucre con la actuali­zación y que los procesos de certificación no se conviertan en una simulación que, como se ha dicho aquí, extorsione a los profesionistas (…). Esta es una propuesta para fortalecer a los colegios, para fortalecer la actualización, pero creemos que la certificación no se tiene que convertir en un chantaje y en una medida de corrupción para impedir el libre ejercicio de la profesión”.