El gobierno de Enrique Alfaro no reconoce la crisis en que está sumido Jalisco: Investigadores
Miembros del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas del CUCSH-UdeG criticaron que el “Plan de reforzamiento de la estrategia estatal de búsqueda 2022-2024” lanzado por Enrique Alfaro llega tarde, deja al margen a las familias y a activistas, y apuesta por la burocracia en lugar de por políticas incluyentes para la localización de desaparecidos/Foto: Cortesía
“Decir que la disminución de casos se debe ‘al trabajo realizado’ no es creíble. Hacen falta análisis de contexto que expliquen las causas que estarían ocasionando ese descenso”, si es que está ocurriendo, explicó la maestra Denisse Ayala
El Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) consideró que el “Plan de reforzamiento de la estrategia estatal de búsqueda 2022-2024” llega tarde, deja al margen a las familias y apuesta por la burocracia en la búsqueda de decenas de miles personas desaparecidas.
De acuerdo con la integrante del comité, maestra Denisse Ayala Hernández, el plan del gobierno estatal llega a destiempo, con el problema ya agravado y todavía responsabiliza a administraciones anteriores.
“Tampoco tiene justificación que aún no se completen acciones básicas que debieron realizarse en los primeros meses, como disponer de un registro confiable de casos, aumentar presupuestos y crear los mecanismos de coordinación”, declaró.
Sobre el número de casos, el coordinador del comité, doctor Jorge Ramírez Plascencia, explicó que el pasado 25 de marzo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó 16 mil 222 casos, cifra que se ajustó por razones no aclaradas para quedar en 14 mil 915 reportes, situación que consideró inadmisible.
“Siguen teniendo problemas con las cifras, esto es increíble, que sigamos sin saber cuál es el número más aproximado de casos”, lamentó.
El lanzamiento del plan dejó al margen a los familiares de las víctimas de desaparición y activistas, y a su derecho a la participación en el diseño de las políticas en la materia y que contribuye al éxito de localización.
“Profundiza el desencuentro que ha existido con la comunidad de afectados por este delito, a la que se le ha tendido a ignorar, marginar o amenazar por sus reclamos”, destacó la académica Ayala Hernández.
La reducción en el número de denuncias de desaparición de 39 por ciento de abril de 2019 a abril de 2022 no resulta confiable, sin atender a factores como la variación mensual, la disuasión de los grupos criminales para presentar denuncias o el subregistro por amenazas o temor a represalias.
“Decir que la disminución de casos se debe ‘al trabajo realizado’ no es creíble. Hacen falta análisis de contexto que expliquen las causas que estarían ocasionando ese descenso, en caso de estar ocurriendo”, enfatizó.
Uno de los aspectos del Plan estatal de búsqueda se centra en la creación de figuras que abonan a la burocratización, como el Centro de Atención Psicosocial y de un Área de Prevención de Desapariciones, este último propuesto sin entender la responsabilidad del gobierno, que ha sido incapaz de garantizar entornos seguros, en paz y donde impere la justicia. “No porque esas personas no adopten medidas individuales de prevención y el gobierno crea necesario que las conozcan y las sigan”, denunció Ayala Hernández.
La vocera del comité, doctora Carmen Chinas Salazar, dijo que el Estado arrastra una crisis forense con los tráileres con cuerpos de personas que deambularon por la ciudad y que se suma a la crisis generalizada de seguridad que no reconoce el gobierno.
Impera “la falta de voluntad política de reconocer que Jalisco vive en un entorno de inseguridad generalizada y que las desapariciones se refuerzan por esta situación de inseguridad, violencia, impunidad y la poca judicialización de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares”.
Precisó que a la problemática se suma la corrupción de las policías a través de la infiltración del crimen organizado y la baja judicialización en los casos de desaparición forzada, lo que se refleja en pocas sentencias.
Ayala Hernández dijo que el anuncio del gobierno estatal fue un acto mediático con fines publicitarios, basado en datos dudosos y propuestas cuestionables.
“Fue un acto propagandístico, más interesado en convencer a toda costa que todo se ha hecho bien y que sólo se necesita reforzar, que un ejercicio de rendición de cuentas, de examen autocrítico y de comunicación de una estrategia bien meditada”, sentenció Chinas Salazar.
El coordinador del comité dijo que no esperan que las observaciones críticas sobre el plan sean atendidas por el gobierno, pero sí que rectifique su actitud y escuche las voces de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que quedaron al margen.