Emite recomendación a la FGE y a la Secretaría de Administración
Policías estatales y agentes de la fiscalía le quitaron su vehículo por supuestamente ser robado; pese a comprobar la propiedad, pretenden que pague por el corralón y otros gastos, lo cual es de fondo injusto. Por ello exigen indemnizar a la afectada y reparar el daño
Por Rafael Hernández Guízar
En el documento emitido por la CEDHJ se recomienda tanto a la Fiscalía General del Estado de Jalisco como a la Secretaría de Administración del gobierno estatal, que realicen la reparación integral del daño a la ciudadana, es decir, no sólo liberar el vehículo y no cobrarle absolutamente nada, sino también indemnizarla por el atropello cometido en su contra/Foto: Especial
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación contra el Estado luego de que a una mujer la obligaran a pagar la grúa y el corralón por un reporte falso de robo de vehículo.
Se trata de la recomendación 21/22 que denunció el abuso del gobierno estatal, luego de que se retirara de circulación el vehículo de una mujer por un supuesto reporte de robo, y que al corroborar que no era el mismo automotor, quisieron cobrarle los gastos del corralón.
“El 11 de noviembre de 2020 una mujer interpuso una queja luego de que dos policías estatales le quitaron su vehículo, el cual contaba con un supuesto reporte de robo. La peticionaria explicó a los elementos policiales que se trataba de un error y que el reporte era de otro vehículo con placas coincidentes a su automóvil, les informó que ya había tenido el mismo problema anteriormente y les mostró la documentación que así lo sustentaba”, indica el cuerpo de esta recomendación.
Y sigue: “Pese a lo anterior, retiraron el auto de la circulación por orden de una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía del Estado, y a pesar de que posteriormente se corroboró que era otro el automotor que tenía la notificación de robo, no se le hizo la condonación de los gastos de corralón y de traslado de su carro a la agraviada, al argumentar la autoridad ministerial que no existía un supuesto legal para eximirla de dicho pago, mismo argumento que utilizó la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. Actualmente la peticionaria no cuenta con recursos para liberar su vehículo, aunado a que todo deriva de actos no atribuibles a su persona”.
A casi dos años del atropelló a los derechos de la ciudadana, ella no tiene dinero para sacar del corralón el carro y por ende, el vehículo presenta daños tremendos que hacen casi imposible su reparación.
“Para esta defensoría quedó plenamente acreditado que se transgredieron, por acción u omisión, los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad y posesión, al cobro indebido de contribuciones, así como el derecho a las buenas prácticas de la administración pública por parte de la agente del MP adscrita a la Unidad de Investigación Contra Robo de Vehículos de la FE, así como por el director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, en detrimento de la quejosa, quien tiene derecho a una reparación integral, de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora y efectiva, por las consecuencias de las violaciones a sus derechos humanos”.
Al estar viciado de origen este acto cometido por la Fiscalía General del Estado y era nulo un embargo el daño se perpetró contra la mujer que se vio seriamente afectada en su economía y sus derechos humanos.
Para la Comisión Estatal se trata de un abuso cometido por parte del mismo organismo procurador de justicia.
“Es necesario precisar que cuando los pagos por conceptos de servicios, multas y recargos se derivan de actos u omisiones indebidas, corresponde asumirlos en automático a la autoridad responsable de las violaciones a derechos humanos, y no a la víctima, quien queda exenta de cualquier obligación que pudiera tener o se haya generado en su contra”.
En la recomendación emitida por derechos humanos se ordena tanto a la Fiscalía General del Estado de Jalisco como la Secretaría de Administración del gobierno estatal, realizar la reparación integral del daño a la ciudadana, es decir, no sólo liberar el vehículo y no cobrarle absolutamente nada, sino también indemnizarla por el atropello cometido en su contra.
Se pidió también por dicha defensoría, iniciar el procedimiento administrativo contra los elementos y funcionarios Implicados en el caso.