La diputada local de Morena, María Padilla Romo, impulsará una iniciativa para regular el reparto del impuesto sobre hospedaje, toda vez que en la actualidad hay poca transparencia con respecto al destino de lo recaudado.
En rueda de prensa, la morenista explicó que se buscan crear reformas a las leyes de coordinación fiscal, la orgánica del ejecutivo y la de hacienda, prácticamente para poner candados al dinero de este impuesto que es asignado a los fideicomisos de turismo a fin de no tener gastos sin impacto, como la inversión de 25 millones de pesos en el casco del Checo Pérez.
“Es una iniciativa que transparenta y regula los ingresos obtenidos del impuesto sobre hospedaje e implementa un criterio de justicia distributiva para el destino de estos recursos públicos. En concreto, proponemos continuar con la canalización de los recursos a favor de los municipios, eso sí, pero dejando establecido que solo podrán utilizarse en promoción turística pero sujetos a lineamientos especiales que garanticen la optimización de los recursos para el máximo impacto de las campañas publicitarias”.
Refirió que mencionado impuesto tiene una tasa del 3 por ciento y que para este año representarán ingresos a Jalisco por 352 millones de pesos, los cuales se van a los fideicomisos de turismo pero con un gran margen de discrecionalidad con respecto a cómo se gastan.
“Se prohibiría (con la iniciativa) el utilizar este dinero con fines de promoción personal o patrocinios injustificados. No solo eso, también proponemos abrir las posibilidades de gasto para incluir otros rubros que inciden sobre el bienestar de la gente, como en infraestructura urbana incluyente, seguridad pública y equipamiento para las necesidades de las personas con alguna discapacidad”.
Manifestó que se limitaría el gasto administrativo o burocrático al 3 por ciento de los ingresos obtenidos por esta vía y, mediante un artículo transitorio, se agregaría que al menos el 50 por ciento de los recursos del impuesto sobre hospedaje de los próximos 5 años deberán invertirse en equipamiento para la accesibilidad de personas con discapacidad.
“Con esta medida se dispondrá de al menos mil millones de pesos en los próximos cinco años para contribuir a la autonomía y libertad de muchas personas. Mediante otro transitorio se ordena a la Auditoría Superior del Estado que fiscalice los recursos de los fideicomisos en los últimos cinco años.
Tenemos la esperanza de que la discapacidad no sea motivo de discriminación, sino motivo de unión y solidaridad entre la gente y la política”.