Las autoridades no hacen su trabajo
Por Pedro Zamora Briseño
Mayo 15, Colima, Colima (apro).– El caso de Viridiana Tapia Cárdenas, desaparecida en esta ciudad el 18 de mayo de 2019 y cuyo cuerpo permaneció casi tres años en una fosa común a pesar de que sus familiares habían aportado muestras de ADN, colocó en el ojo de la discusión pública el sistema forense de la entidad.
Esta situación despertó la incertidumbre de familiares de personas desaparecidas, quienes a partir de ese hecho expresan su desconfianza en el procedimiento para identificar cuerpos y restos humanos, en tanto que la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas dio vista de ese asunto al Órgano Interno de Control de la institución.
Pero no es el único caso de este tipo: el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, informa en entrevista con Proceso que ese organismo humanitario abrió un expediente para investigar de oficio el hecho, pero éste se suma a tres quejas más de esa misma naturaleza que ya se encontraban en trámite.
Desde que desapareció su hija Viridiana en la colonia Nuevo Milenio, en el sur de esta ciudad, Blanca Estela Cárdenas Rodríguez nunca dejó de buscarla. Prácticamente todas las tardes o noches salía a caminar por barrios bravos, parques, calles y avenidas, mostrando fotografías de la joven y pidiendo información a algunos de los transeúntes que encontraba en su ruta.
Durante sus caminatas logró identificar, y en algunos casos entablar conversaciones, con personas que, al igual que ella, de manera silenciosa e inadvertida, se encontraban peregrinando por distintos rumbos de Colima en busca del paradero de algún familiar.
Solitaria, la mujer también visitaba hospitales, cárceles y otros establecimientos; recorría lotes baldíos y extensos terrenos de la periferia, palpando el suelo con una varilla para detectar posible tierra removida. Regresaba exhausta a su casa, a veces de madrugada y con frecuencia ya no lograba conciliar el sueño.
En el último año se unió a la Red Desaparecidos en Colima AC, desde donde participó en búsquedas colectivas de fosas y tuvo acompañamiento en trámites y gestiones ante las autoridades.
No obstante, pasaron dos años y 11 meses desde la desaparición de Viridiana para que, el 22 de abril de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) notificara a Blanca Estela que el cuerpo de su hija estuvo casi todo ese tiempo sepultado en una fosa común, a donde había sido enviado por el Ministerio Público en calidad de desconocido.
Según la carpeta de investigación, la muchacha fue encontrada asesinada junto a un canal de riego de la cabecera municipal de Coquimatlán 20 días después de su desaparición –el 7 de junio de 2019–, cuando faltaban dos semanas para su cumpleaños 24.
A pesar de que en su momento, tras la presentación de la denuncia, el hijo mayor y un hermano de la víctima donaron muestras de ADN, ello no fue de utilidad para identificar el cuerpo.
En febrero de este año, en una reunión de familiares de personas desaparecidas con Héctor Javier Peña Meza, nuevo encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Blanca Estela Cárdenas expuso el caso de su hija, ante lo que el funcionario le sugirió que también ella aportara una muestra genética, la que finalmente hizo posible localizar e identificar los restos de la joven desaparecida.
Tras recibir la noticia de que, mientras ella buscaba a su hija en las calles y en fosas clandestinas, el cuerpo había estado bajo resguardo de las autoridades en una fosa común, Cárdenas Rodríguez se quejó de “la negligencia” del gobierno y cuestionó:
“¿Por qué esperaron tanto tiempo para avisarme el lugar donde estaba? ¿De qué sirve entonces que hayan tenido las muestras de ADN, que podían confrontar, si no lo hicieron?”
Trato inhumano
De acuerdo con el titular de la CDHEC, en el caso de Viridiana podrían acreditarse varias violaciones a los derechos humanos, pues desde su punto de vista hubo un “trato inhumano” derivado de la dilación de casi tres años en la entrega del cuerpo, lo que “incrementó el dolor de sus familiares”.
A su juicio “hubo revictimización y puede haber violación al principio de legalidad por esa dilación a la que se está sometiendo a las personas”, por lo que considera que tendría que investigarse si se trató de una falla técnica o humana, así como determinar si esto conlleva un grado de negligencia de los servidores públicos.
Roberto Ramírez añade que además de lo que resulte de las investigaciones, la FGE debería al menos ofrecer una disculpa pública a los familiares y hacer un análisis sobre si el hecho les generó un daño acreditable, para que éste les sea reparado.
Al respecto, el director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE, José Antonio Granados Pérez, asevera en entrevista que la razón de la tardanza en la entrega del cuerpo de Viridiana fue que las dos primeras muestras genéticas –donadas por un medio hermano y un menor de edad– no arrojaron resultados concluyentes que permitieran establecer una relación de parentesco.
Por lo anterior, dice, se solicitó un tercer familiar (la madre de la víctima) y, una vez que se hizo el estudio, de manera inmediata se obtuvo el resultado positivo, pero el funcionario refiere que la mujer no se había presentado en la primera ni en la segunda ocasión, sino hasta finales de marzo de este año y en abril ya se había logrado la plena identificación del cuerpo.
Granados Pérez asegura que el Laboratorio de Genética Forense de la FGE, inaugurado en 2014, cuenta con equipos “de muy buen nivel para llevar a cabo todas las actividades de manera competente y segura”, por lo que actualmente se encuentra en proceso de acreditación para obtener la norma internacional ISO/IEC 17025 de 2017, que incluye los requisitos generales para las competencias de los laboratorios de prueba y calibración.
En relación con la capacidad de las cámaras frigoríficas en las cuatro morgues que hay en el estado, José Antonio Granados señala que hay espacio para 80 cuerpos a la vez, y aclara que nunca se ha registrado una saturación.
Lo que sí se incrementó notoriamente en los últimos cinco años es el número de cuerpos no identificados que se enviaron a la fosa común. De 2017 a la fecha sumaron 366 cadáveres en esas circunstancias, mientras que de 2010 a 2016 fueron 138, por lo que de 2010 a la fecha en Colima 504 cuerpos no identificados se destinaron a la fosa común.
De acuerdo con los informes oficiales de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la actual administración federal el estado de Colima se colocó entre los que tienen mayor número de fosas clandestinas y cuerpos recuperados en el país.
Conforme al registro nacional en la materia, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 el municipio de Tecomán, Colima, ocupó el primer lugar nacional en hallazgo de fosas clandestinas, con 117, equivalentes a 6.69% nacional, mientras que Manzanillo se posicionó en el octavo sitio con 39, equivalentes a 2.23%.
En lo que se refiere a cuerpos recuperados, Tecomán se ubicó en tercer lugar, con 181, sólo después de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, Jalisco, con 277 y 199 cadáveres respectivamente.
Después de la experiencia con el caso Viridiana, la presidenta de la Red Desaparecidos en Colima AC, Carmen Sepúlveda Gómez, pide que se investigue a fondo y se aclare dónde estuvo la falla, además de que las autoridades tomen medidas para que no exista ese tipo de demoras.
La activista considera que a fin de que haya tranquilidad sería prudente que la FGE volviera a realizar estudios de ADN y los confrontara con los resultados de los cuerpos sepultados en las fosas comunes.
Asimismo Sepúlveda Gómez se queja de que las integrantes de la Red han descubierto que no hay muestras de ADN de familiares de desaparecidos colimenses en el estado de Nuevo León, mientras que en Jalisco, de un grupo de 15 personas, sólo había dos muestras, y sospecha que la misma situación podría estarse dando en el resto de las entidades.
José Antonio Granados asegura que la FGE de Colima cumple puntualmente con el envío de las muestras de ADN a la Fiscalía General de la República, pues “existe la obligación nacional de todas las fiscalías y procuradurías de entregar nuestra información mensualmente y ellos tienen la obligación de hacer confrontas para que si tienen algún positivo, ellos nos informen”.
En el caso de Colima, refiere Granados, los familiares de personas desaparecidas no tienen de qué preocuparse, pues “estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”.
En los últimos años, el cuerpo de Viridiana ha sido el único que ha sido exhumado de la fosa común y entregado a sus familiares para que le den sepultura. La entrega se realizó la mañana del viernes 29 en el Cementerio Municipal de Coquimatlán,de donde se trasladó al cementerio de Lo de Villa, comunidad del municipio de Colima. Los restos fueron sepultados junto a la tumba del padre de la joven, fallecido de cáncer hace cinco años.
En el sepelio estuvieron presentes algunos familiares y amigos, así como los dos hijos de Viridiana, el mayor, de 10 años, y el menor, de cinco.
Junto con sus dos hijos y sus dos hijas, así como sus nietos, Blanca Estela Cárdenas despidió a la joven con un emotivo mensaje: “Te busqué durante tres años, hija, tú lo sabes; te prometí que iba a encontrarte, les prometí a tus hijos que te encontraría, y aquí estás… no como yo hubiera querido, hija; no como yo quería”.
Puntualizó: “Si Dios nos pone de nuevo en el camino, quiero volver a ser tu madre, quiero volver a estar contigo, hija, abrazarte de nuevo. Fuiste la luz de mis ojos. Puedes irte tranquila, que mientras tenga vida yo estaré al lado de tus hijos, yo velaré por ellos. Vete tranquila, hija, descansa, ya vas a estar con tu padre”.