Legisladores inhabilitarán dos años al ex alcalde de Tototlán señalado de acoso y hostigamiento laboral
Con la penalización, el político podría competir en los comicios de 2024, algo que no abona a un verdadero Estado de derecho
Por Elizabeth Ríos Chavarría
A los diputados de la Comisión de Responsabilidades no le importó si la sanción al ex alcalde de Tototlán resulta “tibia” o no; parece que dos años fuera del foco político son suficientes para sentar precedente de que este tipo de personajes no quedarán impunes/Fotos: Cortesía
Con solo dos años de inhabilitación, diputados locales pretenden sancionar al ex alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, por los señalamientos que enfrenta de acoso y hostigamiento sexual en contra de una trabajadora del municipio.
Ayer en el Congreso de Jalisco sesionó la Comisión de Responsabilidades y sus integrantes aprobaron como procedente el juicio político en contra del ex alcalde, en el cual legisladores proponen inhabilitar al señalado por dos años para ocupar cualquier cargo público.
“Hoy ya la comisión determinó emitir el dictamen de conclusiones finales que tiene que ver con el asunto del ex alcalde de Tototlán, que ha sido muy mediático. Hoy la comisión lo que resuelve es que sí a lugar a la sanción, y propone dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público para quien fuera alcalde”, expresó el presidente de la comisión legislativa, el diputado Julio Hurtado.
Respecto a si es o no una sanción “tibia”, el legislador refirió que el acuerdo salió por mayoría absoluta por los cinco diputados que consideraron una “penalidad razonable”, luego de analizar las pruebas. “Hoy puede parecer poco o mucho dos años pero hay una sesión, hay una resolución de esta comisión que está encargada del tema. Yo creo que eso es lo destacable, que al final de cuentas estamos actuando en el ámbito de nuestras competencias para sancionar. Hoy el país vive un grado de violencia altísimo en contra de las mujeres, creo que cobra mucho más sentido que haya claridad en el actuar”.
Si bien el dictamen todavía debe ser aprobado en sesión de pleno para que la sanción aplique, insistió en que lo más importante del dictamen es que exista un mensaje claro de que este tipo de casos no quedarán impunes.
Cabe recordar que la denuncia de juicio político se presentó en la pasada legislatura, luego de que trascendiera un audio -en febrero del 2021- en el que se escucha a Quezada Mendoza hacer comentarios de índole sexual a una trabajadora de la administración que acudió a él precisamente a denunciar acoso de un compañero.
Como el caso no había avanzado, a finales de enero pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) pidió al congreso, por tercera ocasión, que se pronunciara respecto al caso. Fue así que el 10 de febrero pasado el pleno dio luz verde para incoar o iniciar procedimiento de juicio político, el cual vino a resolverse en comisiones tres meses después.