Para evitar accidentes: Tonatiuh Bravo
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Tonatiuh Bravo Padilla, regidor de Hagamos en el ayuntamiento de Guadalajara, pidió más acciones en la administración tapatía a fin de generar una mejor y mayor regulación del cableado aéreo en la ciudad.
En rueda de prensa, el edil de oposición enunció una serie de puntos que buscarán fomentar desde el ayuntamiento, en aras de evitar más accidentes trágicos como el registrado hace días, en Santa Tere, en donde una persona perdió la vida luego de atorarse en un cable suelto.
“Ya se acercan los tiempos de lluvias y se van a convertir en un reto para la zona metropolitana, es decir, ahí vamos a tener una situación que puede generar daños o efectos mayores (…). El municipio no se puede quedar de brazos cruzados, tampoco el congreso, y de lo que se trata es de una falta de coordinación en los tres niveles de gobierno. El municipio debe endurecer sanciones y aplicarse para actuar en contra del desorden y la anarquía que persisten en la ciudad”.
Por ello, pidió a la Dirección de Padrón y Licencias el “padrón y el estado actual de todas las concesiones de infraestructura de telecomunicaciones que existen en el municipio”; así como instruir a estas mismas a cumplir las medidas de seguridad para evitar accidentes, y en caso de no ser así aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Ingresos de Guadalajara por contravenir el Reglamento de Estructuras para Sistemas de Telecomunicaciones, las cuales oscilan entre los 44 mil y los 113 mil pesos.
También, pugnó porque se exija a las empresas, tal cual lo marca el reglamento, poner placas visibles de identificación de la persona responsable de la concesión; multar a las empresas luego de dos meses de no haber hecho caso al apercibimiento previo; y que se endurezca la vigilancia en torno al cumplimiento de las empresas con lo que les toca.
Además, explicó, que se inicien las acciones legales en contra de las empresas responsables por el mal estado de su infraestructura; que la Tesorería rinda un informe de las tarifas cobradas a las compañías de telecomunicaciones por la infraestructura del cableado aéreo; y la instalación de un mecanismo de responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno a fin de dar seguimiento a la operación y mantenimiento de las redes públicas de telecomunicaciones.