Persiste la herida social

Se cumplen treinta años de las explosiones de abril de 1992 en Guadalajara, y de resistencia y exigencia de justicia de los sobrevivientes

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Testigos de la tragedia –uno de ellos víctima, Lilia Ruiz –, el periodista Rubén Martín y académicos del CUCSH reflexionaron sobre la herida social en el foro “22 de abril. 30 años de impunidad e indolencia gubernamental”, celebrado en el campus Belenes/Foto: Cortesía UdeG

A treinta años de lo ocu­rrido en el antiguo Sector Reforma de Guadalajara, testigos de la tragedia –uno de ellos víctima–, un perio­dista y académicos del Cen­tro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) reflexionaron so­bre la herida social en el foro “22 de abril. 30 años de im­punidad e indolencia guber­namental”, celebrado en el campus Belenes.

Aquel mediodía de jue­ves de Semana Santa (1992) y después de una serie de ex­plosiones de colectores a lo largo de 13 kilómetros se re­portaron, de acuerdo con ci­fras oficiales, 212 fallecidos, más de mil 500 lesionados, mil 142 viviendas afectadas y 600 vehículos destruidos.

Lilia Ruiz Chávez, sobre­viviente y quien constituyó la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, lamentó que, al paso de los años, las víc­timas fallecen sin un brazo, sin vista, sin una pierna, y sin obtener justicia.

“Treinta años es la vida de una persona, treinta años que no han sido suficientes para resolver el daño que nos hizo el 22 de abril”, declaró.

Dijo que la ausencia de cada una de las víctimas re­sulta una fortuna para el go­bierno “porque ellos quisie­ran que desaparezcamos.

En 1994 convocó a los sobrevivientes por medio de una cartulina con un número telefónico, pegada en la ca­lle.

“Decía ‘Si eres damnifi­cado del 22 de abril, llama a este teléfono’, y nos reuni­mos 94 personas de los más de mil 800 lesionados que dijo el gobierno”.

Desde entonces, recuerda, han sido noches esperando para tener una entrevista con gobernadores o diputados para obtener atención médi­ca.

“Casi suplicando, cuando fue la corrupción, la negli­gencia y las omisiones de los tres niveles de gobierno los responsables del 22 de abril”, subrayó Ruiz Chávez.

Pidió ayuda a los estu­diantes asistentes al foro para mantener viva la memoria y que no vuelva a ocurrir otro 22 de abril.

El periodista de Radio UdeG, doctor Rubén Martín Alonso, entonces reportero del diario Siglo 21, circulaba en su automóvil cuando vio una columna de humo por el rumbo de Analco. Al acercar­se a la zona afectada encon­tró una zanja y, suspendido de cables, el cuerpo de un trabajador de teléfonos.

“El 22 de abril es un he­cho que marca a la ciudad como la peor tragedia urbana de su historia”, dijo, y que confirmó lo que los vecinos denunciaron antes como un fuerte olor a gasolina.

“Esto generó rabia e in­dignación por las omisiones de las autoridades”, resaltó.

Para el periodista, un he­cho que marcó la indolen­cia de las autoridades y del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (asesinado el 24 de mayo de 1993), quien recha­zó el reclamo de los familia­res, pues el gobierno removía escombros con maquinaria.

“La gente decía que ahí estaban sus familiares. Y el cardenal se limitó a respon­der, ‘Resignación’”, relató el doctor Rubén Martín.

Tras la cobertura se res­ponsabilizó al gobernador Guillermo Cosío y al Presi­dente municipal de Guada­lajara, Enrique Dau Flores, aunque la empresa paraesta­tal Pemex quedó excluida de responsabilidades.

“A 30 años no hay una in­vestigación oficial que diga qué fue lo que pasó y que diga quiénes son los respon­sables”, concluyó.

El Coordinador del doc­torado en Ciencia Políti­ca del CUCSH, Jorge Ceja Martínez, lamentó la falta de acción de las autorida­des al omitir las denuncias de olor a gasolina en sus colonias, publicadas por va­rios medios, como el diario Siglo 21, que entre noticias y crónicas del día anterior resumió, “Son demasiadas explosiones para tan pocas explicaciones”.

“¿Por qué tanta indolen­cia, es por falta de dinero? ¿Será por clasismo? De ha­ber ocurrido en la parte po­niente, en las colonias ricas de Guadalajara, ¿hubiera su­cedido lo mismo?”, cuestio­nó el académico.

Y después de treinta años de la falta de atención de los seis gobiernos estatales, más de veinte presidentes munici­pales y cientos de regidores, no logra entender la cuestión, “¿qué les costaba atender las necesidades de los damnifi­cados?”.

El profesor-investigador del Departamento de Estu­dios sobre Movimientos So­ciales (DESMOS) del CUC­SH, doctor Jorge Regalado Santillán, remarcó las nueve demandas de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, como asegurar y mejorar la atención médica y que ésta sea vitalicia; integrar al fidei­comiso a los lesionados que no han sido localizados; que las familias de los lesionados y fallecidos sean indemni­zadas; apoyar la compra de viviendas; aportaciones eco­nómicas al fideicomiso para la cena navideña de las víc­timas, y que no haya diferen­cias en las pensiones.

“Que se renueve el Comité técnico del fideicomiso, que se construya el monumento planeado desde tiempos del Exgobernador Carlos Rive­ra Aceves, y que se declare a Pemex como responsable de las explosiones del 22 de abril de 1992”, dijo Regalado Santillán.

Para el Jefe del Departa­mento de Estudios Políticos del CUCSH, Armando Zaca­rías Castillo, las explosiones y la tragedia de Guadalajara ocurrieron cuando la ciudad experimentaba un auge eco­nómico importante, y marcó el inicio de la confrontación de la sociedad por la deuda del gobierno.