Sin previo aviso nos dejaron en la calle”
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Familias de pueblos originarios que habitan las inmediaciones de Arroyo Seco, en Zapopan, protestaron por el violento desalojo y demolición que hicieron autoridades para supuestamente evitar desgracias ante futuras inundaciones. El problema es que los dejaron en la calle y sin apoyos/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría
Familias de pueblos originarios se manifestaron ayer en Palacio de Gobierno, luego del desalojo del que fueron víctimas el miércoles pasado en las inmediaciones del arroyo El Seco, en el municipio de Zapopan; exigieron a autoridades respetar su patrimonio y en general soluciones al problema.
El miércoles pasado trascendió el desalojo y demolición de 70 viviendas, por parte de los tres niveles de gobierno, en la zona de Miramar. Estas acciones se realizaron bajo la excusa de ser inmuebles asentados en zonas irregulares, con riesgo a que algo les pase –o a sus habitantes– tras las severas inundaciones que se registraron en la zona el año pasado.
Sin embargo, por cómo es que se llevó a cabo este desalojo, con violencia según se constató en videos difundidos en redes sociales, es que ciudadanos lamentaron la forma en la que actuaron autoridades, ya que no sólo llegaron agresivos sino que nunca se les avisó con antelación.
“Tuvieron un año para avisarnos y reubicarnos y la verdad nos están dejando en la calle. Venimos a defender los derechos de todos los vecinos y a dialogar con el gobierno, que nos dé una vivienda digna para nosotros, que no nos deje en la calle porque es el patrimonio que hemos tenido, que hemos construido en años”, expresó María Adela.
Explicaron que muchos de los vecinos tienen más de 20 años viviendo ahí y que, contrario a lo que dicen muchos, sí compraron esos terrenos en su tiempo a una casa ejidal.
“No es justo que de la noche a la mañana vengan a derrumbar nuestras casas. Esto nos llegó de sorpresa porque el gobierno según dice que cuida nuestra seguridad, que nos protege, y al contrario nos está dejando en la calle. Dijeron que iban a llegar a un acuerdo (con la reunión de hoy), pero nos dimos cuenta que siguen tirando casas”, lamentaron.
Al concluir la reunión de autoridades, se acordó detener el derrumbe de las casas este año, que se abrirán casas puentes desde el DIF para que las familias afectadas puedan transitar por tres meses, y que se apoyará con menaje.
Se debe garantizar el
bienestar de los afectados
Por su parte el titular de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, confirmó que por la forma en la que se llevaron a cabo estas acciones decidieron iniciar un acta de investigación y se dictaron medidas cautelares.
“Justo las medidas cautelares van con el enfoque de por una parte garantizar que se haya cumplido con la legalidad, porque hasta el momento no tenemos la certeza qué autoridad emite esta orden y si tiene las facultades para hacerlo. Y desde luego la justificación por qué se realiza, porque hasta el momento presuntamente es para evitar desastres como los que se han presentado en otras ocasiones”.