Niña murió por falta de medicamento; Derechos Humanos emite recomendación
Por Rafael Hernández Guízar
Una niña murió en 2017 al interior del Hospital Civil “Juan I. Menchaca”; pese a los esfuerzos de los galenos, en el lugar no se contaba con el fármaco que pudo salvar su vida, y todo por falta de coordinación entre las autoridades/Foto: Cortesía
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación contra la Secretaría de Salud (SSA) por no tener el antídoto para el piquete de araña violinista en Guadalajara.
Tras la muerte de una niña de dos años que acudió al Hospital Civil para recibir atención y a la que no se lo suministraron pues no había desde hace tiempo, la CEDHJ destacó que debe darse un correctivo inmediato contra la secretaría y el Organismo Público Descentralizado (OPD) Hospitales Civiles de Guadalajara, ya que es inaceptable que pese a ser un protocolo ya establecido que puede salvar la vida de las personas, por falta de acuerdos en la SSA no se ha adquirido el medicamento.
“Se emite derivada de la inconformidad presentada por una mujer que acudió al Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca a solicitar atención médica para su hija de dos años, pues presentaba una lesión en una de sus piernas. Los médicos del área de urgencias de pediatría del nosocomio, al sospechar de mordedura de araña violinista, ordenaron su ingreso hospitalario para la realización de exámenes de laboratorio y mantenerla en observación, toda vez que el envenenamiento (loxoscelismo) se puede presentar hasta 48 horas después de la mordedura. Después de 38 horas de su ingreso hospitalario, la niña presentó un súbito deterioro, por lo que se procedió a su intubación y aplicación de sondas nasogástrica y foley, evidenciando clínica y laboratorialmente datos de hemólisis, lesión renal aguda, hemorragia pulmonar, insuficiencia hepática aguda y choque hiperdinámico”, indica el cuerpo de la recomendación 16/2022.
Y agrega: “Luego de más de 50 horas, al no presentar mejoría pese al tratamiento crítico de que fue objeto, la paciente ingresó a terapia por probable loxoscelismo cutáneo visceral, sin que se pudiera conseguir el antídoto contra ese padecimiento. Tras 68 horas de su ingreso, la paciente presentó paro cardiorrespiratorio sin respuesta a maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada, y falleció a las 23:30 horas del 22 de septiembre de 2017 con diagnósticos finales de hemorragia pulmonar, coagulación intravascular diseminada e intoxicación por veneno de araña”.
Trascendió que de las investigaciones practicadas por la CEDHJ, se pudo concluir que “no se encontró situación de imprudencia, negligencia o impericia en la actuación del personal médico que intervino en la atención de la citada niña. Lo anterior, debido a que consideró que éstos desplegaron todos los medios necesarios para la sanación del paciente, que fueron acordes a la lex artis descrita en la literatura consultada. Que se presentaron riesgos que no se pudieron solucionar, a pesar de haber desplegado su pericia y diligencia en la ejecución de la obligación a su cargo, con la adecuada prestación de los medios idóneos a pesar de conseguir malos resultados”, sin embargo, fue por la falta del medicamento que falleció la menor.
“Esta Comisión encontró que en la Guía de Práctica Clínica SSA-523-11 Diagnóstico y Tratamiento de Mordedura de Arañas Venenosas’, se establece que para el loxoscelismo existen disponibles dos tipos de antivenenos en Argentina, Perú, Brasil y México, y que la evidencia disponible al respecto recomienda su aplicación, pues es segura y eficaz, al reducir la evolución tórpida y los días de estancia hospitalaria (…). Sin embargo, el proceso de aprovisionamiento de este tipo de medicamentos no incluye Reclusmyn (antídoto mexicano contra mordedura de araña violinista), y se acordó con el coordinador de Zoonosis y Alacranismo de la SSJ que en los casos sospechosos de loxoscelismo se le informara para consensuar junto a un grupo de expertos la necesidad y autorización de su uso para que fuera otorgado por el estado”.
Destacó que la falta de un mecanismo de aprovisionamiento del antiveneno en el extranjero propició una problemática que desarrolló una violación a derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a los derechos de la niñez de la menor de edad agraviada, dando lugar a responsabilidad de tipo institucional.