Para cobrar créditos fiscales no pagados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Fotografía relevante a la nota.

El titular de la Auditoría de Jalisco detalló que para cobrar créditos fiscales fincados que no se han pagado optaron por iniciar los procesos correspondientes de embargo en contra de ex funcionarios responsables, como el ex titular de Pensiones de Jalisco, Fidel Armando Ramírez/Fotos: Cortesía

Debido a que se presenta­ron gastos irregulares que no se pudieron comprobar en el Ipejal y que hasta el momento no han sido pagados, la Audi­toría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) comenzó con los procedimientos de embar­go contra Fidel Armando Ra­mírez, ex titular del Instituto de Pensiones.

El auditor del estado, Jor­ge Alejandro Ortiz, acudió ayer por la mañana a compa­recer ante diputados locales, y en el ejercicio señaló que para cobrar créditos fiscales finca­dos que no se han pagado op­taron por iniciar los procesos correspondientes de embargo en contra de ex funcionarios responsables.

Para el caso del Ipejal el funcionario estatal detalló que se tratan de dos créditos fiscales que suman alrede­dor de 525 millones de pesos en las cuentas públicas del 2016 y 2017. El Congreso en su momento ordenó que estos se cobraran al ex titu­lar del Ipejal, y otros funcio­narios más, sin embargo los montos no fueron cubiertos.

“(Los procedimientos de embargo) son gestiones que nosotros hemos empezado a hacer para que empiecen a avanzar los temas. Nosotros vamos a empujar todos esos créditos fiscales para que ter­minen en este tipo de accio­nes”, expresó.

Aunque evitó decir nom­bres de contra quien se empe­zaron estos procedimientos, el auditor sí refirió que uno de los créditos fiscales corres­ponde al tema de Abengoa y que ellos no ejecutan el em­bargo sino la propia Secreta­ría de Finanzas.

Si bien no están encarga­dos de ejecutar el embargo sí expresó que pueden dar segui­miento al tema y que a todo caso los responsables todavía tienen el derecho de acudir a los tribunales a ver lo que pro­cede con su situación.

“Nosotros hacemos las gestiones, no hacemos los embargos. Lo hace Secretaría de Finanzas. Sería contra bie­nes del titular de ese momen­to. Tiene el derecho de ir a los tribunales y ver lo que pro­cede, pero nosotros le damos seguimiento al tema, nosotros no hacemos el embargo”, re­afirmó.

Respecto a qué otros pro­cedimientos de este tipo están en proceso son el Instituto Jalisciense de Asistencia So­cial, el Instituto Jalisciense del Emprendedor, así como los ayuntamientos de Tuxpan y Villa Corona.

Como parte de su com­parecencia, el auditor habló, entre otras cosas, de la nece­sidad de reformas de ley para que las recomendaciones que hacen sean vinculantes a suje­tos obligados.