Para cobrar créditos fiscales no pagados
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Debido a que se presentaron gastos irregulares que no se pudieron comprobar en el Ipejal y que hasta el momento no han sido pagados, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) comenzó con los procedimientos de embargo contra Fidel Armando Ramírez, ex titular del Instituto de Pensiones.
El auditor del estado, Jorge Alejandro Ortiz, acudió ayer por la mañana a comparecer ante diputados locales, y en el ejercicio señaló que para cobrar créditos fiscales fincados que no se han pagado optaron por iniciar los procesos correspondientes de embargo en contra de ex funcionarios responsables.
Para el caso del Ipejal el funcionario estatal detalló que se tratan de dos créditos fiscales que suman alrededor de 525 millones de pesos en las cuentas públicas del 2016 y 2017. El Congreso en su momento ordenó que estos se cobraran al ex titular del Ipejal, y otros funcionarios más, sin embargo los montos no fueron cubiertos.
“(Los procedimientos de embargo) son gestiones que nosotros hemos empezado a hacer para que empiecen a avanzar los temas. Nosotros vamos a empujar todos esos créditos fiscales para que terminen en este tipo de acciones”, expresó.
Aunque evitó decir nombres de contra quien se empezaron estos procedimientos, el auditor sí refirió que uno de los créditos fiscales corresponde al tema de Abengoa y que ellos no ejecutan el embargo sino la propia Secretaría de Finanzas.
Si bien no están encargados de ejecutar el embargo sí expresó que pueden dar seguimiento al tema y que a todo caso los responsables todavía tienen el derecho de acudir a los tribunales a ver lo que procede con su situación.
“Nosotros hacemos las gestiones, no hacemos los embargos. Lo hace Secretaría de Finanzas. Sería contra bienes del titular de ese momento. Tiene el derecho de ir a los tribunales y ver lo que procede, pero nosotros le damos seguimiento al tema, nosotros no hacemos el embargo”, reafirmó.
Respecto a qué otros procedimientos de este tipo están en proceso son el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el Instituto Jalisciense del Emprendedor, así como los ayuntamientos de Tuxpan y Villa Corona.
Como parte de su comparecencia, el auditor habló, entre otras cosas, de la necesidad de reformas de ley para que las recomendaciones que hacen sean vinculantes a sujetos obligados.