Pretende imponer cédula temporal para ejercer: Abogados
Por Elizabeth Ríos Chavarría
El gobierno estatal no está facultado para exigir a los profesionistas certificarse cada cinco años, pues con ello usurpa funciones a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), detalló José Luis Tello, secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría
A partir del 2023, de acuerdo a la Dirección de Profesiones de la entidad, será obligatorio para cinco profesiones el certificarse cada cinco años a fin de poder ejercer en su ramo, sin embargo, abogados del estado manifestaron su postura en contra de esto; pidieron a diputados del Congreso de Jalisco impulsar una contrarreforma a fin de echar para atrás esta medida.
En rueda de prensa, abogados que conforman el Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco urgieron a legisladores a reformar la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales, pues consideran que obligar a ingenieros, arquitectos, contadores, los del ramo de la salud y abogados sacar esta certificación es inconstitucional y va en contra su derecho a poder ejercer libremente la profesión.
“¿Qué está sucediendo? Muchos abogados, profesionistas de la medicina, ingenieros y arquitectos están temerosos porque supuestamente en el 2023 la Dirección de Profesiones del estado pretende coaccionar para cobrar un impuesto y hacer lo que llaman ellos una cédula temporal. Eso es una vergüenza, es una aberración”, refirió José Luis Tello, secretario coordinador ejecutivo del consejo.
Dijo que el estado no está facultado porque se está usurpando a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), puesto que esto ha originado, a raíz de las reformas que se hicieron en Jalisco en la materia, que muchos de los profesionistas en las ramas ya mencionadas se registren para sacar mencionado papel desde ya.
“Esto es para efectos recaudatorios en perjuicio del profesionista y en beneficio del estado. Esto se llama el cobro de plaza, porque no puede ser que el estado violente el estado de derecho y no respete la Constitución. Por ello pretendemos que el Poder Legislativo haga una contrarreforma a esta ley inconstitucional”.
Advirtió que se están preparando con amparos para evitar verse afectados por esto, pues hasta el momento alrededor de 45 mil profesionistas son los que han pagado mil 200 pesos para sacar un documento que no tiene validez oficial.
“No estamos de acuerdo con lo que está pasando en Jalisco. Por eso el amparo que tenemos ya en puerta es para no dejar que una ley que es inconstitucional coaccione en contra del libre ejercicio de la profesión. El estado está recaudando dinero, y esto es en contra de los profesionistas y menoscabando los derechos fundamentales”.